Las primeras noticias sobre presos políticos en Nicaragua, durante la rebelión cívica contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se supieron el 22 de abril de 2018. Un grupo de unos 200 jóvenes universitarios fueron capturados en los barrios occidentales de Managua y trasladados a la temible prisión de «El Chipote» y más tarde a la cárcel «La Modelo», en Tipitapa.
Durante su encierro los raparon y dos días después los subieron en buses y los sacaron del penal, pero con tal de no dar cuentas sobre las detenciones, los dejaron regados, descalzos, sin camisas y sin sus pertenencias en varios puntos de la carretera norte.
“Nos iban golpeando a todos en el estómago con patadas, puños (y) con el mismo garrote que usan ellos, nos daban en la cabeza”, contó Marvin Guevara, de 26 años, a los medios de comunicación, después de salir de los calabozos del régimen, el 24 de abril. Estuvieron dos días bajo golpes y torturas.
«Nos pusieron a caminar sobre patios de piedra, nos cortaron el pelo a todos, nos pidieron que llenáramos datos», agregó Guevara.
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«Cuando íbamos a dar nombres nos golpeaban, cuando estábamos dando los nombres nos golpeaban, cuando regresábamos de dar los nombres nos golpeaban, si estábamos de rodilla nos golpeaban, si levantábamos la cabeza nos volvían a golpear, si te quejabas que te dolía algo y no soportabas, te golpeaban más fuerte», contó el joven a la agencia AFP tras ser liberados, sin ningún cargo.
Después del encarcelamiento a estos casi 200 jóvenes, la dictadura mantuvo redadas permanentes en todo el país. Centenares de estas detenciones permanecieron bajo la sombra por mucho tiempo porque el régimen negó la existencia de prisioneros y a los familiares de los detenidos les decían que no los tenían en las celdas. Fue la época del corre corre de los parientes buscando a su gente en hospitales, dependencias policiales y morgues.
Una segunda oleada de detenciones contra manifestantes opositores ocurrió a mediados de junio de 2018 contra ciudadanos de El Crucero. Braulio Abarca, abogado del Colectivo de Defensores de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, quien ese entonces trabajaba en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), detalló que ese organismo logró documentar una redada ejecutada sobre todo por paramilitares. Estos agentes del régimen eran los encargado de llevar a los prisioneros a cárceles clandestinas. «Ahí hubo otro pico de detenciones arbitrarias de más de 120 detenidos», recontó Abarca.
690 prisioneros documentados por el GIEI
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para conocer la situación de violencia y represión que se vivía en Nicaragua, presentó un informe que abarcó el periodo del 19 de abril al 30 de mayo de 2018.
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En este estudio, el GIEI resumió que hasta esa fecha en Nicaragua había un total de 690 prisioneros políticos que todavía quedaban en los calabozos del régimen. Fue el primer dato de un organismo internacional que documentaba de manera irrefutable la existencia de presos políticos.
Al pasar los días, la dictadura atizó su maniobra represiva. Parte del operativo para disuadir la rebelión incluyó más encarcelamientos, pero encerrando nuevos y soltando a algunos que, según sus cálculos, ya habrían escarmentado.
Más tarde, entre los meses de junio y julio de 2018, la dictadura ejecutó el plan sangriento. En una operación conjunta entre policías y grupos armados, conocidos como paramilitares afines al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el orteguismo desató la llamada «operación limpieza», una embestida feroz que desmontó a balazos las barricadas que la población había levantado en carreteras y ciudades.
En estos operativos desatados en todo el país, la dictadura apresó a centenares de opositores, sobre todo a los líderes más visibles; a jóvenes que resistieron los balazos en los tranques, y a los grupos de apoyo logístico de la rebelión en los municipios, a quienes posteriormente acusó por delitos insospechados: terrorismo, portación de armas, crimen organizado y financiamiento al terrorismo, entre otros crímenes.
Nicaragua se perfilaba en el planeta como el nido de la criminalidad mundial. El país pasó de ser el paraíso de la seguridad en Centroamérica a un criadero de «terroristas» que bien podían ganar un maratón con ISIS o los remanentes de Osama Bin Laden en Al-Qaeda.
El 10 de julio, durante la operación limpieza en Carazo, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) documento al menos 40 detenidos, que más tarde sus familiares supieron que estaban en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El Chipote».
Entre los primeros líderes encarcelados estaban los dirigentes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, el 13 de julio de 2018. Mairena y Mena intentaban viajar a Estados Unidos y fueron detenidos en el aeropuerto Augusto C. Sandino, de Managua. De ahí los trasladaron a «El Chipote» y más tarde fueron presentados como «terroristas» y acusados por el crimen contra cuatro policías en Morrito, Río San Juan.
Los días posteriores fueron sangrientos en Masaya. A mediados de julio de 2018, la dictadura entró a plomazos a esta ciudad, que se había convertido en el bastión de la resistencia. Los pobladores calculan que en la llamada cuna del folclor se habían levantado al menos unas 300 barricadas de adoquines. Así como fue de grande la resistencia de los pobladores, también fue de gigante la embestida.
Los paramilitares, incluso portaban armas de alto calibre, lo que llevó a sospechar que también estuvo involucrado el Ejército de Nicaragua.
El gobierno necesitó de una fuerza armada de unos 1,500 hombres, entre policías y paramilitares, con toda la fuerza de los fusiles, maquinaria para desmontar los tranques y decenas de camionetas para trasladar al batallón criminal.
Y las redadas casa por casa también se hicieron notar. Los cuerpos armados allanaron barrios enteros. Uno de los poblados abatidos a tiros fue el aguerrido barrio indígena de Monimbó. Los paramilitares, con lujo de violencia, capturaron a cuanto ciudadano estuviera en la zona.
Después de la operación limpieza, los líderes siguieron bajo persecución. Algunos de los encarcelados más connotados para esos meses fueron los líderes de Masaya Christian Fajardo y la abogada María Adilia Peralta Cerrato, quienes fueron capturados por efectivos del Ejército cuando intentaban cruzar hacia Costa Rica, el 23 de agosto. Fajardo, Peralta y Santiago Fajardo, hermano de Christian fueron sentenciados hasta a 42 años de cárcel.
Para el 24 de agosto de 2018, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) contabilizaba por lo menos 320 reos políticos. «142 están detenidos ilegalmente y 178 están siendo procesados arbitrariamente con imputaciones delictivas falsas», señaló entonces el CENIDH.
El 25 de agosto de 2018, la cacería continuó. La dictadura montó otro operativo para detener a siete líderes estudiantiles de Managua y León, entre ellos los universitarios Byron Estrada, Nahiroby Olivas, Yaritza Rostrán, Levis Rugama, Victoria Obando, Juan Pablo Alvarado y Luis Quiroz.
A finales de agosto de 2018, la lista de prisioneros se hacía más larga. El régimen tampoco perdonaría a antiguos «compañeros» de armas. El 29 de agosto, circuló en las redes sociales la foto del coronel retirado y exguerrillero sandinista Carlos Brenes, originario de Monimbó, mientras era trasladado en la tina de una patrulla policial, esposado. A Brenes no lo salvó ni su trayectoria como un luchador contra la otra dictadura de Anastasio Somoza durante la insurrección de los años 1978 y 79; ni tampoco su historia como fundador del Ejército de Nicaragua.
En la fila de detenciones siguieron dirigentes como Yubrank Suazo, quien se había trasladado de Masaya a una casa de seguridad en Chichigalpa, Chinandega, y la estudiante belga-nicaragüense Amaya Coppens, quien también fue secuestrada de una casa de seguridad en León. El 12 de septiembre de 2018, ambos fueron presentados como terroristas en la delegación policial de la ciudad universitaria, y luego trasladados a «El Chipote», en Managua.
El cinco de noviembre de 2018, la dictadura orteguista envió a la CIDH un primer informe en el que por fin aceptaba públicamente que tenía prisioneros políticos. En realidad los llamaba «presos golpistas».
«El Gobierno de la República de Nicaragua tiene a bien remitir “Informe completo del Sistema Penitenciario Nacional relativo al total de 273 presos y presas detenidos, acusados, procesados y/o condenados por su participación en delitos cometidos en el contexto del fallido intento de Golpe de Estado”», declaró la dictadura a través de un documento sellado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Arremetida contra periodistas
La siguiente arremetida de la dictadura para forrarse con más rehenes se registró en diciembre de 2018. Tres días antes de la Navidad, la dictadura encarceló a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, directores del canal 100% Noticias. También confiscó la estación televisiva y giró orden de captura contra los periodistas Luis Galeano y Jackson Orozco.
Además, el régimen amenazó con cárcel a varios comunicadores, lo que desencadenó la estampida de mujeres y hombres de prensa, muchos de los cuales tuvieron que salir por puntos ciegos para refugiarse en Costa Rica.
Más de 5,000 mil prisioneros en dos años de rebelión
El defensor Braulio Abarca, exiliado en Costa Rica, declaró por vía telefónica que hacer un recuento detallado sobre la cantidad personas que han estado en las cárceles del régimen ha sido una labor difícil porque la dictadura ha aplicado distintas modalidades de detenciones arbitrarias para aplastar la protesta.
«En total durante estos dos años ha habido detenciones tanto selectivas como masivas. Se han registrado hechos de tortura, violencia sexual, tratos crueles, inhumanos, degradantes. Como organismos de derechos humanos consideramos que posiblemente supere la cifra de 5,000 personas detenidas», declaró el abogado Abarca.
El funcionario del Colectivo Nicaragua Nunca + insistió en que «hay que rescatar que entre finales de 2018 y los primeros seis meses de 2019 hubo detenciones exprés en marchas, plantones o protestas. Los detenía la Policía, los golpeaban, los amenazaban, los desnudaban y los interrogaban. Incluso, recuerdo la detención del periodista Abixael Mogollón, quien fue detenido durante unas horas (17 de abril de 2019), fue detenido, golpeado y luego liberado. Este tipo de detenciones sirven para amedrentar, para amenazar».
El defensor Braulio Abarca además calcula que de los 5,000 prisioneros que han pasado por las cárceles del régimen, al menos el 50% estuvo en prisiones «formales», es decir, celdas que son administradas legalmente por la Policía; mientras que una cantidad similar habría quedado bajo la sombra porque las detenciones fueron ejecutadas por paramilitares y estructuras partidarias del FSLN, quienes mantuvieron en cautiverio a los opositores en cárceles clandestinas o en los zonales o casas departamentales del partido oficial.
«Las detenciones que hubo en León, por ejemplo, el 23 de mayo, que fueron detenidos alrededor de 18 personas, incluidos médicos, activistas y periodistas de los canales locales de León, y se los llevaron al zonal del Frente Sandinista, donde permanecieron detenidas y amenazadas», declaró Abarca.
Momentos en que estudiantes secuestrados de León fueron liberados gracias a la intervención de la iglesia católica. 23/5 8:40pm #SOSNicaragua #Leon pic.twitter.com/uG6uHPv6Ob
— Jorge Hurtado (@JorgeaHurtado) May 24, 2018
Igualmente, mencionó a otro grupo de personas detenido durante la «operación limpieza» en Carazo por fuerzas paraestatales y llevado a unos beneficios cafetaleros de esa zona. En fotografías que circularon en ese momento en las redes sociales los mismos armados del oficialismo, se observaban a los opositores arrodillados, desnudos y con las cabezas cubiertas.
Por su parte, la iniciativa denominada Monitoreo Azul y Blanco, que realiza un grupo de activistas antigubernamentales, recontó que entre el 4 de julio de 2018 y el 30 de marzo de 2020 se registraron 3, 373 detenciones por razones de su participación política contra el régimen.
La liberaciones y la Ley de Amnistía
Entre enero y junio de 2019, la presión nacional e internacional contra la dictadura se incrementó. Extensas sesiones en la Organización de Estados Americanos (OEA), sanciones en Estados Unidos contra el anillo de poder del régimen y amenazas de sanciones en la Unión Europea, obligaron al orteguismo a soltar en varias tandas a los presos políticos.
De 50 en 50, el régimen sacó a unos 400 prisioneros, a quienes los mandó a dejar en camionetas y microbuses a sus casas. El tirano mantuvo por más tiempo como rehenes a los reos más conocidos, entre ellos los líderes campesinos, estudiantiles, comerciantes, dirigentes de los tranques y a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda.
Estos prisioneros con un perfil mediático más alto solo fueron liberados mediante la llamada Ley de Amnistía, una iniciativa oficial aprobada con urgencia en el Parlamento, controlado por el FSLN, el ocho de junio de 2019, y que según la justificación, otorgaba «amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha».
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Pese a liberar a la mayoría de prisioneros, el 13 de junio de 2019, incluyendo a los más visibles, el régimen todavía se dejó a cerca de 100 personas, identificadas por la oposición como reos políticos.
La banda de los aguadores
En un intento por presionar para que estos 100 presos también fueran liberados, el 14 de noviembre de 2019, un grupo de 11 madres de los prisioneros se declararon en huelga de hambre en la iglesia San Miguel, de Masaya. La dictadura de Ortega respondió cortando el suministro de energía y agua potable a la parroquia para asfixiar a las protestantes.
Para auxiliar a las madres, un grupo de activistas opositores llegaron hasta la iglesia San Miguel para llevar agua a las mujeres en protesta. Aunque en los videos que circularon en ese momento se observaba a los jóvenes con las botellas de agua en las manos, la Policía desató una persecución feroz y cuando intentaban salir de Masaya fueron capturados 16 de los jóvenes activistas a quienes las fuerzas gubernamentales acusaron criminalmente por tráfico de armas. Los nuevos prisioneros fueron identificados por sus familiares como «La Banda de los Aguadores».
Un mes y medio después, el 30 de diciembre de 2019, el régimen liberó a 91 prisioneros, entre ellos a Los Aguadores, pero nuevamente se dejó a un grupo de 65 presos políticos. Con el paso de los meses, la lista se ha ido engrosando. Actualmente, la dictadura mantiene a 70 prisioneros, según el recuento de las organizaciones opositoras.