Con 70 votos a favor, 15 en contra y 0 abstención, la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional aprobó este sábado, ocho de junio la “Ley de amnistía”, una legislación sin consenso, que el régimen se mandó a hacer. Los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), aliado de vieja data de Daniel Ortega, esta vez votaron en contra, y criticaron la nueva ley, la que calificaron como el intento del tirano de autoperdonarse los crímenes cometidos después del 18 de abril de 2018, que incluyeron el asesinato de al menos 325 personas, calificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “crímenes de lesa humanidad”.
La legislación, compuesta por cuatro artículos, a criterio de los parlamentarios liberales, tiene como objetivo limpiar de cualquier responsabilidad a la dictadura orteguista, policías y paramilitares que cometieron delitos en contra de los nicaragüenses durante es estallido social.
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El oficialismo se sofocó por aprobar la ley unilateralmente, aunque se escudaron en que es para “perdonar” a los ciudadanos que están secuestrados en las cárceles del régimen y a los que no se les haya abierto procesos judiciales. “Nos duele, a nosotros nos duele tener que amnistiar a asesinos confesos, como los torturadores del colegio San José en Jinotepe que asesinaron a Bismarck Martínez, pero estamos conscientes que el altar de la patria tenemos que ponerlo primero antes que cualquier mezquino sentimiento, por muy doloroso que sea”, expresó el diputado orteguista Edwin Castro.
“La amnistía se extiende a las Personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencia. Por tanto,las autoridades competentes no iniciarán procesos de investigación, y deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias, al momento de entrada en vigencia de la presente ley. Asimismo, las personas que se encuentran privadas de libertad al momento de entrada en vigencia de la ley deberán obtener su libertad de forma inmediata”.
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En el Artículo tres, Ortega dejó la prohibición inconstitucional contra el derecho cívico a la manifestación de los reos que sean beneficiados con la Amnistía, bajo el pretexto de la “no repetición”. La dictadura amenaza con volver a encarcelar a quienes protesten contra la tiranía. “Las personas beneficiadas por la presente ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados. La inobservancia del principio de no repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por la ley”, sentenció el régimen.
Alianza Cívica: “Ley de amnistía presentada por el régimen, es una ley de impunidad”
Por su parte la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), mediante un comunicado de prensa rechazó la “Ley de amnistía” aprobada por los diputados sandinistas, que pretende protegerse de juicios futuros por los crímenes que ha cometido a través de sus instituciones, estructuras partidarias y de paramilitares.
“La ley de amnistía introducida de emergencia en la Asamblea Nacional es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita y ratificada por el Estado de Nicaragua, ya que impide la investigación y sanción a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, tal como lo afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistía, ni prescriben”, advirtió la oposición en su comunicado.
OACNUDH: “Las amnistías por violaciones de derechos humanos están prohibidas”
Por su parte La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Michelle Bachelet, a través de un comunicado expresó su preocupación por la aprobación de la Ley de amnistía, “Las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional, éstas generan impunidad, lo que puede llevar a más violaciones”, dijo la funcionaria de Naciones Unidas y expresidenta de Chile.
“El gobierno tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas, más de 300 personas resultaron muertas, 2,000 heridas, cientos de personas que se opusieron al gobierno han sido encarceladas y más de 700 han sido procesadas”, añadió Bachelet.
Texto íntegro de la Ley de amnistía
