Desde que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo criminalizó la protesta cívica en Nicaragua, en el 2018, los abogados Julio Montenegro, de la Organización Defensores del Pueblo, Yonarqui Martínez y el equipo técnico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), asumieron un papel importante en la defensa de los presos políticos que surgieron tras la convulsión de abril.
Dos años después, Julio Montenegro aún recuerda su primera audiencia en los Juzgados de Managua, en el mes de mayo, donde decidió llevar la representación legal de figuras que ahora son emblemáticas de la lucha cívica, como Medardo Mairena, del Movimiento Campesino; Edwin Carcache, Cristian Fajardo y los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, todos excarcelados mediante una Ley de Amnistía aprobada por el régimen de Nicaragua.
«No hubo menos de tres ocasiones que al momento de ser entrevistado por los medios de comunicación prácticamente me eché a llorar frente a las cámaras», recuerda Montenegro, mientras su mente reconstruye los relatos de torturas denunciados en ese momento por los reos de conciencia.
El «abogado del pueblo» narra que la única vez que sintió de cerca su muerte fue precisamente el 10 de julio de 2018, en la Basílica San Sebastián, en Diriamba. «Estuvimos atrapados por los civiles armados, que rompieron puertas, agredieron al periodista Jackson Orozco, golpearon al obispo Silvio José Báez», agrega el penalista en entrevista con Artículo 66.
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El doctor Julio Montenegro, desde el 2018 hasta la fecha ha asumido la defensa de aproximadamente 150 presos políticos, de los cuales unos 90 fueron beneficiados con la Ley de Amnistía. «Ahorita en la actualidad, -es decir procesos que tengo audiencia a diario, estamos hablando que son 16 casos vivos».
Primeros presos políticos
Por su parte la abogada Yonarqui Martínez, también influyente en la defensa de opositores, detalla que a nivel personal ha llevado la representación legal de más de 200 presos políticos, desde que inició la crisis. Actualmente lleva la defensa de 22 reos de conciencia, de al menos 70 que aún permanecen secuestraos en los diferentes penitenciarios del país.
Martínez refiere que fue quien llevó los primeros casos de presos políticos en Nicaragua, a raíz de los hechos acontecidos en abril de 2018. «Mi primer caso lo llevé después del 23 de abril, que fueron los muchachos del caso del Pali P del H. Las madres lloraban porque no tenían dinero para la defensa de sus hijos y en ese momento el régimen se volcó contra ellos», señaló.
Por su papel como defensora de derechos humanos, la abogada Martínez ha sido objeto de persecución, amenazas, hostigamiento policial en su vivienda, y en varias ocasiones ha sido retenida por agentes de tránsito, hasta el punto de detener su vehículo e imponer multas injustificadas.
CPDH al mando
La CPDH, desde mayo de 2018 hasta la fecha, atendió un total de 220 casos de presos políticos a nivel nacional, de acuerdo a los datos proporcionados por Eber Hosbaldo Acevedo Villachica, asesor legal de este organismo. «De estas 220 personas, el 96% fueron hombres y el 4% eran mujeres. Los departamentos más afectados fueron Managua, Carazo y Masaya», agregó.
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El asesor legal explica que del total de casos atendidos por el organismo, actualmente solo 11 permanecen encerrados en las cárceles «de los cuales tres de ellos ya tienen orden de libertad por un fallo de no culpabilidad».
Leyla Prado, la abogada de Eddy Montes
En mayo de 2018 la CPDH contrató a la abogada Leyla Prado para que iniciara la defensa de presos políticos que comenzaron a surgir en ese momento. La defensora de derechos humanos nos detalló que durante este período logró llevar los procesos judiciales de al menos 70 reos de la dictadura.
La abogada en su momento representó el reo político Eddy Montes Praslin, asesinado el 16 de mayo de 2019 por custodios del Sistema Penitenciario de Tipitapa. Prado nos cuenta que definitivamente este fue el caso que más le impactó. «Esa situación nos hizo sentir mal porque hasta la fecha no se ha hecho justicia por ese vil asesinato en la cárcel La Modelo», relató la defensora con profundo pesar.
Su exilio
Leyla Prado se vio obligada al exilio, junto a su familia, en septiembre de 2019, precisamente por el asedio de turbas a fines al régimen de Daniel Ortega, quienes emprendieron una campaña de amenazas de muerte y persecución, a raíz de su intenso trabajo en pro de los derechos humanos.
«Las razones de mi exilio fueron varias. Primero estuve haciendo gestión ante el Ministerio Público sobre la impunidad de la muerte de Eddy Montes. Acompañé a sus familiares a interponer ese escrito demandando que se hiciera justicia», señaló la abogada quien también en su momento representó a su colega María Oviedo.
«Tienen la cobardía de amedrentar a las personas que se atreven a denunciar todos los atropellos que se cometen en contra de los ciudadanos. Me mandaron a hacer pintas en mi casa de habitación poniéndome ´Plomo´ en las paredes de mi casa, me mandaron a roder (la casa) con paramilitares, también me amenazaron en las redes sociales con secuestrar a mis dos hijos menores de edad. Ante estos peligros no tuve otra opción que retirarme del país», señaló.
María Oviedo
La abogada María Oviedo, del equipo técnico de la CPDH explica que a nivel individual ha llevado el caso de 13 presos políticos, mismos que le han costado represalias, cárcel, suspensión de licencia como abogada y represión por parte de la dictadura de los Ortega y Murillo.
Oviedo relata que del número de casos que estaban bajo su representación, dos de ellos marcaron su etapa como defensora de derechos humanos. «Es el caso de Jaime Navarrete y José Santos Sánchez, que han sido brutalmente torturados y las condiciones que se encuentran actualmente en las cárceles de La Modelo son condiciones inhumanas», lamentó.
La defensora María Oviedo llevó la defensa del exprisionero político Cristian Fajardo, líder opositor de Masaya. En julio de 2019, la abogada Oviedo fue encarcelada mientras acompañaba a Fajardo en la delegación policial de la ciudad de las flores. Seguido de la detención y golpiza, la dictadura le montón un juicio y la condenó a 30 días de arresto, aunque pudo cumplir la pena en su casa.
En paralelo, en un proceso arbitrario, la maquinaria partidaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que mantiene cooptado el sistema judicial, la despojó de su licencia para ejercer la profesión de abogada. Aun así, Oviedo sigue en la defensa de los derechos humanos de los presos políticos.
Y habia pensado que El gobierno de Ortega iba luchar por respetar los derechos humanos del pueblo que lo apoyo cuando empezaba su lucha para entrat en gobierno.
Sabes el las va a pagar, el perro que muerde la mano que le da de comer se llama perro malagradecido, y ese es Ortega porque muerde la mano del pueblo que es el que le da de comer pero ha de pagar aquí en este mundo
Compañeros es una pena decir esto , pero los azul y blanco , la coalición nacional y los supuestos luchamos por la democracia son unos ipocritas traidores , mientras algunos se dejan engañar por las promesas que le hase a uno paque salga a las calles a protestar y con la orientación de provocar a la policía , ellos están en los oteles reunidos con el dictador viendo y negociando mientras a uno por creer en sus falsa política y el drama que hasen diario en los noticieros asiendo el pantallazo de estar interezados en haser un cambio de política todo eso es pura trama , están vendidos a la dictadura mientras nosotros protestamos contra el dictador y la policía nos manda al chipote , ellos están felices con millones en sus cuentas comiendo en los oteles riéndose de todos los tontos que arriesgamos nuestra vida y libertad , no hay que dejarnos engañar más por estos falsos y corruptos políticos hay que luchar por el cambio pero , montar a alguien que no sea miembro de estos mafiosos ipocritas .