La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su Informe Anual 2019, revela que el régimen de Daniel Ortega prosiguió adoptando acciones represivas dirigidas a restringir de manera sistemática el ejercicio del periodismo independiente en Nicaragua.
El organismo señala que en Nicaragua, Cuba y Venezuela se articula un ataque desde el Estado hacia periodistas y medios de comunicación independientes a través de detenciones arbitrarias, así como distintas formas de censura y bloqueos de sitios en internet.
Por ello, la Relatoría Especial expresa su preocupación cuando estos países recurren a “la censura directa mediante el cierre de medios o la interferencia en medios de comunicación digital y también tradicionales, cuando son percibidos como críticos”.
“En ese contexto, en Nicaragua los principales periodistas del país debieron permanecer varios meses en el exilio y las redacciones y equipos de los medios privados Confidencial, Niú, Esta Semana y Esta Noche, y de 100% Noticias fueron confiscados y no fueron restituidos al finalizar el año”, recuenta parte del Informe Anual 2019.
Disponible el Informe Anual de @RELE_CIDH sobre situación de la Libertad de Expresión durante 2019. Todos los países caracterizados en base a hechos que podrían configurar violaciones a estándares Interamericanos. El resumen ejecutivo trae las tendencias: https://t.co/qsxmXWxb4A pic.twitter.com/se7SqUnlvj
— Edison Lanza (@EdisonLanza) April 7, 2020
Además, agrega que el Gobierno de Ortega mantuvo un férreo control editorial sobre los medios estatales, y respecto al duopolio de la televisión privada, resalta que la asignación de publicidad oficial es destinada exclusivamente a los medios de comunicación oficialistas y a los de la familia gobernante.
La Relatoría Especial también señaló que el Ejecutivo, a través de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), “controla la importación y entrega de papel, maquinaria, equipos y repuestos para los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos”. En ese contexto, las denuncias de serias restricciones fueron interpuestas por los periódicos La Prensa, el periódico Hoy, El Nuevo Diario y Metro, los dos últimos se vieron obligados a cerrar.
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El organismo hizo hincapié de la detención durante seis meses de los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora, tras ser acusados por presuntos delitos de terrorismo e incitación al odio y que fueron excarcelados bajo la Ley de Amnistía, aunque la acusación en su contra continuaría vigente a pesar de que el juicio habría sido suspendido.
Igualmente, denuncia que se registró un continuo hostigamiento y vigilancia contra periodistas y medios identificados como opositores, en especial en las ciudades de Bluefields, León, Masaya y Matagalpa.
Por otro lado, la Relatoría expresó que observa con suma preocupación la situación de impunidad que se encontrarían los graves crímenes cometidos contra periodistas y medios de comunicación en el contexto de las protestas sociales de 2018, debido a la aplicación de la Ley de Amnistía, aprobada en junio de 2019, las investigaciones relacionadas a estos delitos habrían sido archivadas.
En esa misma línea, el organismo remarcó que fueron informados que las investigaciones sobre el incendio de Radio Darío, en León, propiedad de Aníbal Toruño, y el asesinato del periodista Ángel Gahona habrían sido archivadas.
