Los representantes del pueblo miskitu de Nicaragua denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el incumplimiento del Estado de Nicaragua a las medidas provisionales ordenadas por este tribunal y señalaron el asesinato de 12 indígenas y el secuestro de 25 comunitarios desde 2015 hasta la fecha.
La Corte IDH realizó una audiencia este viernes, 13 de marzo, en su sede en Costa Rica en la que participó una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representada por el secretario Paulo Abrão y el abogado Jorge Meza. Asimismo, estuvo presente la abogada Gisela de León, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), y Lottie Cunningham, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN).
Representantes del régimen llegan a mentir ante la Corte IDH
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo envió a la audiencia a la alcaldesa de Waspam, Rose Cunningham Kain; la procuradora penal auxiliar Claudia Núñez Ramírez y el asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores Carlos Cerda, quienes llegaron a mentir ante el tribunal.
“En cumplimiento de las medidas adoptadas por esta honorable corte se creó una Comisión Regional para la Atención de los Territorios y Comunidades (…) que abrió el espacio de diálogo y concentración que propició el encuentro entre indígenas y no indígenas en la búsqueda de soluciones por conflicto”, dijo la alcaldesa de Waspam.
Cunningham llegó hasta la Corte IDH a decir que los peticionarios -en este caso los demandantes- no representan legalmente a las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, según ella porque no fueron elegidos en Asamblea y aprobados por el estatuto de autonomía que reconoce el Estado.
“Los peticionarios no gozan de la representación y legitimidad para recurrir ante el tribunal en nombre de las comunidades indígenas ni de los territorios porque no cuentan con los mandatos de las asambleas comunales”, mencionó la alcaldesa de Waspam mientras daba lectura al comunicado.
Audiencia Pública de los Pobladores del Pueblo Indígena Miskitu respecto de Nicaragua. #ProtegiendoDerechos #134PeríodoCorteIDH https://t.co/KFUFOFx715
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) March 13, 2020
Igualmente, aseguró que el Estado continuará promoviendo la paz, armonía, unidad con la naturaleza. Por su parte, la procuradora penal auxiliar Claudia Núñez Ramírez insistió en que en materia de seguridad comunitaria “el Estado de Nicaragua afirma que las comunidades beneficiarias han continuado produciendo y comercializando productos de manera «normal» (…) hacia otros departamentos”.
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Carlos Cerda, asesor jurídico de Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), concluyó la intervención del gobierno diciendo que “el Estado de Nicaragua con su vocación de paz continúa y continuará asegurando acciones para prevenir la violencia en las comunidades beneficiarias de las medidas contribuyendo a la igualdad, tolerancia, inclusión y el acceso a todas las oportunidades que aseguren los derechos humanos de todos los indígenas”.
Representantes de indígenas denuncian asesinatos, secuestros y daños a su propiedad
Lottie Cunningham, presidenta de CEJUDHCAN y representante de los beneficiarios, recalcó que la omisión estatal en cuanto al proceso de saneamiento es el origen de la violencia por parte de colonos contra el pueblo miskitu. “La violencia no cesa, más bien se ha agravado a raíz de la invasión de colonos y la anuencia estatal (…) El Estado de Nicaragua continúa promoviendo las actividades de extractivismos centradas en la minería, sobre explotación forestal, extracción de resina de árboles de pinos, el monocultivo y ganadería”.
Además, remarcó que en el territorio de los indígenas continúa habiendo alta presencia de colonos armados quienes constantemente hostigan, amenazan y agreden a las comunidades indígenas, “esta situación ha generado el desplazamiento forzado de un gran número de comunitarios y a afectado la calidad de vida de aquellos que aún permanecen en las comunidades porque sienten temor de movilizarse hasta las parcelas para realizar sus actividades de subsistencias tradicionales”.
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Por otro lado, señaló que se han registrado un total de 12 asesinatos, 9 secuestros, 19 agresiones con lesiones graves, 2 violaciones sexuales y 6 amenazas a integrantes de las comunidades. “Algunos de estos hechos se registraron en el último mes, 16 de febrero, cuando colonos armados atacaron a la comunidad Santa Clara que dejó a una niña de 17 años con una herida en su rostro”, y condenaron la versión de la Policía Nacional que contradijo los verdaderos acontecimientos.
Dionisio José Rusbell, juez comunal de Santa Clara, expuso que “hoy quiero aclarar el sufrimiento que tenemos en nuestra comunidad, desde muertos, heridos, también hambre y hasta el día de hoy muchas personas no duermen y abandonan sus casas (…) El Gobierno no ve toda esta situación y cuando declaramos esto dicen que estamos mintiendo pero yo vivo y me mantengo en la comunidad”. Seguidamente denunció que “en 2015 asesinaron a personas, incluso me hirieron de bala y nosotros estamos aclarando esa situación ahorita (…) lo único que nosotros solicitamos es el saneamiento en las comunidades”, concluyó.
Finalizaron su intervención solicitando a la Corte IDH que realice una visita In situ a las comunidades beneficiarias con el objeto que constate la realidad que viven los indígenas y también a que emitan una resolución de supervisión de cumplimiento de las medidas provisionales e inste al Estado de Nicaragua a cumplirlas. También asistió el concejal municipal de 21 comunidades indígenas, Mauro Atimos Zamora; la abogada Mary Kapron y José Coleman, defensor de derechos humanos.
Señores !!!
Desde el 2015 y hasta ahora están pronunciándose !!!
Que conveniente !!! Por favor !!!
Sean serios !!!