El dictador Daniel Ortega envió con trámite de urgencia a la Asamblea Nacional. dominada por la aplanadora de diputados a su servicio, una reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU), que funciona como ente administrador de las pensiones de los oficiales de la Policía, recién sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El reajuste consiste en “adscribir el ISSDHU a la Presidencia de la República” con el argumento de “fortalecer la gestión”.
La diputada del PLC, Azucena Castillo, consideró que la urgencia de la reforma a esa ley es extraña y que se desprende por la sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros a la Policía Nacional, el cinco de marzo de este 2020. “Es un asunto tan delicado que seguiría colocando en problema la gestión del Instituto, que pondrá en apuros a miles de sancionados no porque se les toquen sino por que la gestión, administración y operación de los fondos donde la Policía como organización y personas jurídicas, como es su director que está sancionado tienen intereses (…) si esta urgencia por su naturaleza se desprende por una sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)”, señaló.
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El informe sobre libertad religiosa de la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa de EE.UU acusó nuevamente al régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo de atentar contra la libertad religiosa y de culto de los nicaragüenses, al tiempo que condenó los más recientes ataques de partidarios del gobierno contra la Iglesia católica.
El documento confirmó que el régimen dictatorial estuvo activamente detrás de una campaña mediática de desprestigio contra monseñor Silvio José Báez; a quien le armaron un audio manipulado para tratar de golpear su imagen pública dentro y fuera del país. De acuerdo con la administración norteamericana, la campaña mediática emprendida por el régimen contra el obispo Báez; así como las graves amenazas contra su vida hicieron que el papa Francisco lo trasladara a Roma desde abril de 2019, de forma indefinida.
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El Consejo Superior de la Empresa Privada, a través de un comunicado de prensa, exhortó y demandó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que inicie e implemente una campaña educativa de prevención ante la pandemia del coronavirus a nivel internacional. Sin embargo, el gobierno se mantiene pasivo ante la amenaza del ingreso de este virus a Nicaragua.
El sector privado está trabajando en garantizar el abastecimiento necesario en los mercados locales. Demandamos al gobierno, además de implementar una campaña educativa de prevención ante el Coronavirus, facilitar los procesos de importación de productos de primera necesidad. pic.twitter.com/0ShuIZYq1C
— COSEP Nicaragua (@COSEPNicaragua) March 12, 2020
El gremio empresarial también solicita al facilitar los procesos de importación y nacionalización de todos los productos necesarios para la prevención del virus para hacerlos accesibles a la población. Asimismo, hacen un llamado a los ciudadanos a que no contribuyan al desabastecimiento de los bienes y productos debido a la desinformación.
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La justicia de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó de los delitos de transporte ilegal de estupefacientes a los ciudadanos Steven Moisés Mendoza, de 18 años, originario de Masaya y Denis Ramón Chavarría, de 35, procedente de la ciudad León, quienes fueron retenidos el viernes, seis de marzo, en la zona fronteriza de Peñas Blancas por miembros del Ejército de Nicaragua y entregados a la Policía de la dictadura.
En la audiencia preliminar, la Fiscalía señaló que ambos ciudadanos fueron detenidos el sábado siete del mismo mes en la parada de buses del mercado Roberto Huembes, en Managua, cuando supuestamente se transportaban en un bus procedente de la ciudad de Rivas. El abogado Julio Montenegro, defensor de derechos humanos y representante legal de ambos ciudadanos, dijo a Artículo 66 que esto es parte del “montaje” que la Policía orteguista está ejerciendo en contra de todo opositor a su régimen. Además, el jurista detalló las contradicciones en la denuncia interpuesta por la Fiscalía.
