Después que la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyera en la «lista negra» a la Policía orteguista y a los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas; Justo Pastor Urbina y al comisionado Juan Valle Valle, analistas políticos consideran que la institución represiva se convierte en un «cadaver financiero», ya que con esta medida no podrá ejecutar ninguna acción bancaria.
Para los expertos consultados estas sanciones traerán graves repercuciones para el financiamiento de préstamos y transacciones bancarias tanto a nivel nacional como internacional.
El analista político y extitular de la Dirección General de Ingresos (DGI) Róger Arteaga, el órgano represor se convierte en un cadáver financiero porque las entidades bancarias tendrán que cerrar todas las cuentas que estén a nombre de la Policía, «a riesgo que si no lo hacen pueden ser objetos de sanción».
«Aquí el objetivo que persigue el Departamento del Tesoro es neutralizar y hacer que deje de funcionar el aparato represivo, -no es porque sea la Policía Nacional-, es por lo que está haciendo la Policía Nacional, entonces en este momento se convierte en un cadáver financiero que no podrá hacer ninguna transacción en ninguna parte del mundo porque la OFAC los va a seguir», señaló Arteaga.
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Por su parte la exguerrillera y fundadora del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Dora María Téllez, Estados Unidos sancionó a la institución no solo por las graves violaciones de derechos humanos cometidos, sino por estar vinculada a lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y dinero producto de la corrupción.
«Desde el momento que la Policía entra a la lista de la OFAC, queda bajo la lupa de esta estos tres argumentos. No fueron especifícos en la sanción pero a eso se dedica la Oficina de Control de Activos. Estamos hablando que el gobierno de los Estados Unidos pasó de considerar a la Policía como una institución del Estado a considerarla fuera de la ley»
La dirigente opositora aseguró que la Policía se seguirá sosteniendo a través del Presupuesto General de la República, sin embargo el pago de planilla lo tendrán que realizar en efectivo, «tendrán que sacar la maleta de reales en el Banco Central o a menos que el BCN le haga una emisión de cheques o que el Ministerio de Hacienda cheques fiscales»
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En tanto, el político opositor Eliseo Núñez remarcó que el golpe moral para los comisionados sancionados es que quedaron evidenciados como «violadores de derechos humanos», sin embargo agravó la condición de la institución en general, porque ahora se le complica hasta para pagar una multa.
«Con esto los policías son miembros de una entidad acusada internacionalmente y tendrán serios problemas para mantener su relación bancaria individual. (…). El gobierno tiene mecanismos para esto pero definitivamente va a tener que rehacer un montón de cosas y no nos extrañemos que cambie la ley de la Policía en los próximos días».
¿Y el financiamiento con el BCIE?
Según los expertos, esta medida impuesta por la Casa Blanca, pone en “tres y dos” al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), instancia que ha estado desembolsando millones de dólares para la Policía. Los expertos consideran que países socios como Guatemala, El Salvador, Honduras o Costa Rica, no estarían interesados en negociar con una institución sancionada por el gobierno de Donald Trump.
«El BCIE tiene que ver cómo va a manejarse de ahora en adelante. Yo no creo que haya más que desembolsar en este momento y lo seguro que van hacer es no aprobar más préstamos a Nicaragua que vaya destinado para la Policía o proyectos de la Policía Nacional», explicó Arteaga.
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«El BCIE es una institución que depende de varios países socios, no necesariamente inhabilita los financiamientos de esta entidad pero coloca al BCIE en tres y dos. Hay países que están ahí -como Taiwán por ejemplo- que podría no estar interesados en unos negocios con una institución que está bajo la lupa de la OFAC», agregó Dora María Téllez.
La Policía y estos tres altos mandos del órgano represivo se suman a la lista de delincuentes internacionales en la que ya se encontraban el jefe de la entidad y consuegro presidencial, primer comisionado Francisco Díaz, sancionado el cinco de julio del 2019; y el subdirector y encargado de los crímenes contra la población en Masaya, comisionado general Ramón Avellán, quien fue sancionado el siete de noviembre de 2019.
Aa mismo deben hacer con la CSJ y la Fiscalía.
Risas