Después de la sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la Policía de Nicaragua y contra tres altos mandos de la institución, señalados de ejecutar la represión y violación de derechos humanos de los nicaragüenses, las autoridades norteamericanas emitieron una nota en la que aclaran los “méritos” de los altos jefes policiales para recibir la designación de delincuentes internacionales.
En la nota, el Departamento del Tesoro hace un resumen detallado de la vinculación de cada uno de los tres funcionarios orteguistas, con los crímenes contra la población, sobre todo después de abril de 2018, para aplacar a balazos las protestas ciudadanas.
Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, fue ascendido a comisionado por el eficiente trabajo represivo que ejecuta desde “El Chipote”, la cárcel de tortura hasta donde fueron llevados miles de ciudadanos, quienes han denunciado que en esa prisión fueron sometidos a brutales golpizas, torturas, abusos sexuales y secuestros. “El jefe de El Chipote será sancionado por razones obvias, porque ha sido un centro de torturas brutales contra miles de nicaragüenses”, expresó la exguerrillera Dora María Téllez.
El Departamento del Tesoro agrega en su justificación para ficharlo como delincuente internacional que la medida es “por ser o haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua y por ser un líder de la Policía, una entidad que ha participado o cuyos miembros han participado en actos humanos graves, abuso de derechos en Nicaragua. Olivas también está siendo designado de conformidad con la NHRAA por ser un líder de la Policía, una entidad que ha cometido o cuyos miembros han cometido actos de violencia o conducta significativos que constituyen un abuso o violación grave de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018”.
El Departamento del Tesoro remarca que “Olivas es el Jefe de la Dirección de Asistencia Judicial de la Policía y Director de la prisión de El Chipote. El Chipote es una prisión conocida por prácticas abusivas donde las organizaciones de derechos humanos han registrado graves abusos contra los derechos humanos desde abril de 2018. Ha habido denuncias de tortura, violación, electrocución, laceraciones con alambre de púas, estrangulamiento y palizas con tubos de acero. Un manifestante encarcelado en El Chipote declaró que hombres enmascarados lo colgaron del techo y lo golpearon con bates de béisbol, tubos y pistolas durante dos días. Posteriormente, el manifestante declaró que lo llevaron a un hombre enmascarado que reconoció por su voz y construcción como Olivas, quien lo obligó a filmar una confesión que implica a otros manifestantes”.
Noticia relacionada: Senadores de Estados Unidos piden más sanciones contra Daniel Ortega
Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), esta dependencia policial es señalada de dirigir la mayoría de asesinatos en abril de 2018, principalmente en la denominada “Operación limpieza”, donde se registraron varios muertos en diferentes puntos de Nicaragua. La DOEP posee las armas de guerra con que asesinaron al menos a 325 ciudadanos.
“Está siendo designado de conformidad con EO 13851 por ser o haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua y por ser un líder de la Policía, una entidad que se ha comprometido, o cuyos miembros se han involucrado en graves violaciones a los derechos humanos y abuso en Nicaragua. Urbina también está siendo designado de conformidad con la NHRAA por ser un líder de la Policía, una entidad que ha cometido o cuyos miembros han cometido actos de violencia o conducta significativos que constituyen un abuso o violación grave de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018. Urbina es el Comisionado de la División de Operaciones Especiales de NNP, que continúa desempeñando un papel central en la represión en todo el país.
Noticia relacionada: Gobierno de Canadá sanciona a 9 funcionarios orteguistas
Juan Valle Valle, jefe de la Dirección de Vigilancia y Patrullaje de Managua. En múltiples ocasiones, Valle Valle ha sido visto con un fusil AK al hombro dirigiendo los operativos represivos contra los ciudadanos que intentan manifestarse pacíficamente. Valle Valle, incluso estaba cerca de la rotonda de Metrocentro el tres de septiembre de 2015, cuando un sujeto identificado después como Samir Matamoros, identificado como “el pistolero” de Metrocentro, atacó a balazos una manifestación opositora en los llamados “miércoles de protesta”. Valle Valle fue increpado por periodistas por la falta de actuación policial, pero dijo que “no vio nada”.
En la nota de prensa del Departamento del Tesoro donde se informó sobre las sanciones, sobre Valle Valle, la entidad agrega que “está siendo designado de conformidad con EO 13851 por ser o haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua y por ser un líder de la Policía, una entidad que se ha comprometido, o cuyos miembros se han involucrado en graves (violaciones a los ) derechos humanos en Nicaragua. Valle también está siendo designado de conformidad con la NHRAA por ser un líder de la Policía, una entidad que ha cometido o cuyos miembros han cometido actos de violencia o conducta significativos que constituyen un abuso o violación grave de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018. Valle es el Jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje de la Policía, que ha restringido sistemáticamente la libertad de movimiento y expresión de los nicaragüenses que viven en Managua, Nicaragua”.
El golpe propinado por Estados Unidos
El documento divulgado por las autoridades de Estados Unidos agrega que “como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de los tres individuos y la entidad que se encuentra en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más por las personas y entidades designadas, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas”.
