Desde noviembre de 2019 hasta la fecha, los trabajadores del Estado se han visto obligados a marchar todos los sábados. Algunas veces las movilizaciones son por la mañana y otras por la tarde. Esta situación, además, genera estancamiento en las calles, reducción del acceso al transporte público e incremento de accidentes provocados por el caos en la capital.
En la lista de la «nueva limpieza» de políticos afines a Arnoldo Alemán se encuentran: Jamileth Bonilla, diputada ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), Martha McCoy, diputada suplente ante la Asamblea Nacional, y Paul González y Melva Martínez. Asimismo, se solicitó que se retire de la afiliación del partido a Silvio Américo Calderón, quien fungía como asesor jurídico.
Para los opositores, estas marchas muestran debilidad en la dictadura que intenta demostrar que todavía tiene fuerza o seguidores y que no les importa derrochar el dinero que la ciudadanía paga en sus impuestos en medio de una terrible crisis sociopolítica y económica. El factor más relevante, para los adversarios al régimen, es que quienes engrosan esas movilizaciones son trabajadores del Estado. La mayor parte obligados a asistir.
En cuatro meses, la dictadura ha convocado a 16 marchas. El líder universitario y miembro de la Alianza Cívica Jasson Salazar señala que este despliegue de nicaragüenses que laboran en instituciones de Gobierno es comandado por los secretarios políticos, quienes levantan lista de quienes asisten y de los que no, para luego acosarlos.
“Esto no es nada más que una gran mentira debido a que la mayoría de las personas que se someten a participar en las marchas o caminatas, en su inmensa mayoría son trabajadores del Estado donde los secretarios políticos de sus instituciones pasan lista para levantar quiénes han acudido al llamado y quiénes no. De estas marchas depende el empleo de estos trabajadores, de las marchas depende el salario, y con la situación actual de crisis de derechos humanos que vivimos y de incertidumbre económica quienes trabajan para el Estado no les queda más remedio que acudir, porque de esto depende el pan en sus casas”.
En 2018, en pleno auge de la crisis, el Gobierno recurrió a la misma estrategia de enviar a sus trabajadores y simpatizantes a las calles para mostrar músculo; mientras cercenaban el derecho a la libertad de movilización por medio de las armas a los ciudadanos opositores.
Teme perder el control de las calles
Para el universitario y miembro de la Alianza Cívica Max Jeréz el régimen teme volver a perder las calles por eso obliga a sus militantes a marchar todos los fines de semana, inventando temas para motivarlos o para mostrarse interesados en cualquier problemática que afecta a la sociedad como los femicidios.
Actualmente, los llamados a marcha de los autoconvocados han provocado que Daniel Ortega y Rosario Murillo militaricen la ciudad y encarcelen a quienes se atreven a salir a las calles.
En solo un fin de semana asediaron y bloquearon el derecho a la libre movilización de casi 40 líderes opositores y excarcelados políticos. Colocaron patrullas, técnica canina y oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (DOEP) en varios puntos estratégicos de la capital y agredieron a los periodistas independientes que daban cobertura a las actividades.
