Este 28 de febrero de 2020 concluye el plazo de vigencia del memorándum de entendimiento firmado en el 2017 entre el régimen de Daniel Ortega y la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que la dictadura se comprometía a realizar unas reformas al sistema electoral.
Tres años después el dictador Daniel Ortega ha cerrado cualquier posibilidad de materializar los cambios prometidos en seis puntos establecidos entre la organización y el régimen, que contemplaba lograr una democratización en el país, a través de elecciones transparentes con la observación de organismos internacionales.
La dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) Violeta Granera Padilla señaló que con esta negativa la administración de Ortega «está aislando más a Nicaragua con las relaciones a nivel internacional» y agrega que el régimen intenta mantenerse en el poder «a cualquier costo».
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«De alguna manera ese memorándum ya caducó. Yo creo que lo preocupante de esto es la señal que está mandando a la comunidad internacional y eso está poniendo al país en una situación muy difícil que va a tener consecuencias peores para la dictadura. Nicaragua ha mostrado una la voluntad de salir de una manera pacífica y negociada», expresó Granera.
De todos los acuerdos firmados, la dictadura solo cumplió uno, que establecía el ingreso de una misión de la OEA que dio acompañamiento a los comicios municipales efectuados en el 2017.
De acuerdo a las reglas de la organización, el único que puede solicitar una prórroga es el mismo gobierno. «No puede ser que estén rechazando a un organismo regional que nos ha venido apoyando a resolver esta crisis, es una pésima señal», refutó Violeta Granera.
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Desde la firma de este memorándum, en el 2017, no ha existido un solo encuentro entre el gobierno y la OEA donde pueden consensuar sobre los puntos expuestos en el acuerdo, más bien el jefe del gabinete del Secretaría General de la OEA, Gonzalo Koncke, dijo a La Prensa que la dictadura «no solicitó negociar un nuevo acuerdo en materia electoral».
Ortega propone reformas, pero solo con partidos políticos
El 10 enero de este 2020, los diputados de la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional informaron que discutirán con el Consejo Supremo Electoral (CSE) una reforma a la Ley 331 o Ley Electoral, según ellos para «fortalecer el voto popular y el sistema de partidos políticos», pero únicamente con partidos políticos.
De esta manera, los parlamentarios orteguistas dejaron claro que no pretenden realizar este proceso con las organizaciones opositoras que surgieron a raíz de la crisis, como es la Alianza Cívica y la UNAB. «No tenemos nada que conversar con los gays, lesbianas y ambientalistas y grupos que no tienen que ver con el tema político», dijo en ese momento el diputado Wilfredo Navarro.
«Gobierno se burla de la OEA»
El excarcelado político y miembro de la UNAB Jesus Teffel aseguró que desde tiempo atrás el régimen de Nicaragua se ha venido burlando de las instancias internacionales y de los acuerdos que contrajo con varias naciones para llevar a cabo un proceso de reformas electorales.
«La OEA debe de tener mecanismos para presionar al gobierno porque incumplió el plazo y no se trata de solo incumplir y que ya quedó en el aire, de verdad hay mecanismos que cuando no cumplís el acuerdo vienen medidas de estos organismos multilaterales, porque sino va a venir alguna presión adicional de la OEA no tenía sentido ni haber firmado en un inicio», manifestó.
Por su parte, Juan Sebastián Chamorro dijo que «no cree en esa discusión (de reformas electorales) que pretende realizar la dictadura» y recalca que «el proceso de reforma genuino tiene que ser a través de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, porque es lo que ha planteado la comunidad internacional, es lo que planteó la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio del año pasado».
