La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Policía Nacional y el Instituto Regulador De Transporte del Municipio de Managua (Irtramma), ha manifestado su interés de controlar el servicio de taxi que ofrecen plataformas digitales en la capital. El 13 de febrero, las autoridades advirtieron a los encargados de las plataformas digitales a «abstenerse» de contratar vehículos particulares debido a que son inseguros y además no están autorizados.
También el régimen de Ortega envió un claro mensaje a los dueños de los vehículos particulares para que no se inscriban en las plataformas digitales. Amaru Ramírez, director de Irtramma, señaló que el servicio de transporte está regulado por la Ley 524 y que “solamente los vehículos y las personas autorizadas para prestar este servicio de pasajeros pueden hacerlo, por lo tanto, sobre esta base las plataformas digitales, absolutamente todas las plataformas digitales que ofrecen el servicio de taxi, deben abstenerse de contratar a vehículos particulares para poder ofrecer este servicio”.
Ramírez afirmó que han recibido denuncias de mujeres que fueron víctimas de asaltos. “Fueron asaltadas o violentadas en este tipo de transporte que se ofrece desde las plataformas digitales (…) y queremos hacer énfasis en algo: No es contra las plataformas digitales, es contra los vehículos particulares que ofrecen el servicio de taxi”. Insistió en que para ellos es una “alerta” el hecho que las personas denuncien esos incidentes contra las plataformas que tienen convenio que son los vehículos rotulados, controlados y autorizados por el Irtramma.
Durante la conferencia, el presidente del Movimiento Nacional de Taxis, Alan Vargas, reveló que existe un acuerdo con las plataformas digitales que “consiste en que estas ofrecerán solamente el servicio con taxis que estén debidamente autorizados por el Irtramma y por la Policía Nacional”.
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Vargas se quejó señalando que estas empresas llevan representan una “competencia desleal para nosotros que estamos haciendo una fuerte inversión para brindar un mejor servicio (…) Esto ha requerido una inversión de aproximadamente casi 20 millones de dólares y no puede ser posible que las plataformas estén generando inseguridad en la ciudadanía”.
Por su parte, el comisionado e inspector general de la Policía, Jaime Vanegas, aseveró que “la ciudadanía al utilizar plataformas que no son las que están autorizadas, ni reguladas por la Policía Nacional y el Irtramma se exponen a la comisión de delitos y a ser víctimas de accidentes de tránsito”.
