Régimen de Ortega continúa premiando con propiedades del Estado a la Policía y al Ejército

El dictador Daniel Ortega a través de dos acuerdos presidenciales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de este martes, 11 de febrero, ordenó a la Procuraduría General de la República traspasar dos propiedades del Estado. Uno para la Policía Nacional y el otro al Ejército de Nicaragua.

Dichos inmuebles según cada acuerdo están ubicados en Chinandega y Managua; el Acuerdo 08-2020 dicta «… suscribir Escritura Pública de Donación a favor del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU) de bien inmueble perteneciente al Estado de la República de Nicaragua ubicada en el municipio de Somotillo, departamento de Chinandega, la cual posee una extensión de 709.00 metros cuadrados …».

En el segundo Acuerdo 09-2020, Ortega ordena suscribir Escritura Pública de «desmembración y donación a favor del Ejército de Nicaragua, de un bien inmueble perteneciente al Estado ubicado en el Municipio de San Rafael del Sur, departamento de Managua, que posee un tamaño de 660.97 metros cuadrados»,

Ambos acuerdos, según la publicación de La Gaceta, entran en vigencia a partir de su publicación, con estas dos propiedades el régimen de Daniel Ortega ha entregado siete inmuebles del Estado nicaragüenses; de las cuales cinco han sido para el ISSDHU y dos a la institución castrense.

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El ISSDH es un órgano administrador de las pensiones de los oficiales de la Policía Nacional al mando del comisionado Francisco Díaz, consuegro de la pareja de dictadores y sancionado con la Ley Magnitsky por los Estados Unidos, el 5 de julio de 2018; a quien se le señala de violador de los derechos humanos y de tener vínculos en actos de corrupción.

La institución policial desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril 2018 ha sido utilizado por la dictadura orteguista, según organismos de derechos humanos y denuncias de los ciudadanos, para reprimir, agredir y asesinar a opositores. En tanto, la institución castrense está bajo el mando del general Julio César Avilés, quien en los últimos meses ha reafirmado su lealtad hacia los dictadores.

A la institución, la oposición la tilda de cómplice del régimen por haber callado frente a los asesinatos de nicaragüenses en el contexto de la crisis sociopolítica, donde se culpa a grupos paramilitares armados por el FSLN de ser los responsables de los crímenes y se le vincula de participar con la Policía y civiles encapuchados en el “Operación Limpieza” y en especial por las armas de guerra que se emplearon contra los manifestantes.