La tarde de este jueves, seis de febrero, fue secuestrado el excarcelado Kevin Solís. El universitario fue interceptado por unos civiles, que se desplazaban en una camioneta negra, en el sector del portón trasero de la Universidad Centroamericana (UCA).

Solís participó de la última protesta estudiantil realizada y también estuvo presente en el incidente sucedido en el recinto donde los estudiantes sorprendieron a un trabajador del Estado tomando fotografías. A raíz de eso fanáticos orteguistas circularon su información en redes sociales y pusieron carteles en el sector de la avenida universitaria.
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La madre de un adolescente de 15 años, originario del barrio Acahualinca, en Managua, denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) la detención arbitraria de la que fue víctima su hijo, quien permaneció tres días arrestado en el Distrito Dos de la Policía, donde oficiales lo golpearon y le hicieron comer con la mano.

Al adolescente lo detuvieron después que un ciudadano lo señaló de robarle 600 córdobas, mientras su madre niega tal acusación. La doctora Carla Sequeira de la CPDH informó que este organismo interpuso una denuncia ante Asuntos Internos de la Policial por el abuso, ya que se trata de un menor de edad.
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En noticias departamentales, la exrea política Tania Verónica Muñoz, de 44 años, originaria de Niquinohomo, Masaya, denunció que la noche del cinco de febrero fanáticos del régimen de Daniel Ortega lanzaron piedras a su casa, ubicada en el barrio Fátima Pavón de ese municipio.

Los hechos ocurrieron a eso de las 10 de la noche, donde unos sujetos en una motocicleta se detuvieron para realizar dicha acción. Muñoz por su parte culpó por los hechos a Josefa López Díaz, conocida como “chepa Díaz” y su hijo, quienes son miembros del Consejo del Poder Ciudadano (CPC), del barrio.
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El Ministerio de Trabajo (Mitrab), después de sostener una serie de reuniones con diferentes representaciones aliadas al gobierno, aprobó este jueves, seis de febrero, el aumento del 2.63 por ciento del salario mínimo, que entrará en vigencia el primero de marzo.

Sin embargo, economistas lo catalogan como una «burla» para los nicaragüenses que probablemente traerá más desempleo. El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) no participó de la negociación y su presidente, José Adán Aguerri llama a cuidar el empleo formal y remarcó que ante todo debe haber un acuerdo político para devolver la confianza en la economía del país que se encuentra en recesión desde abril de 2018.
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A la presa política María Esperanza Sánchez la presentaron este jueves, 6 de febrero en los Juzgados de Managua para su audiencia inicial, misma que fue programada hasta el martes 11. Su abogado defensor, Julio Montenegro, denunció las torturas a las que había sido expuesta y solicitó que la trasladaran a Medicina Legal para conocer su estado de salud.
A Sánchez la secuestraron oficiales de la Policía el 26 de enero, y durante su arresto la golpearon, la enchacharon y la trasladaron a la Dirección de Auxilio Judicial. Sánchez está siendo acusada por tenencia de droga, lo que la familia niega porque en reiteradas ocasiones recibió amenazas de las fuerzas armadas del régimen; además, marcaron su casa con la palabra “plomo”.