Seis organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción inmediata de medidas cautelares para los 16 jóvenes opositores, detenidos el 14 de noviembre y criminalizados por intentar solidarizarse con las madres que permanecían en huelga de hambre en la Iglesia San Miguel Arcángel, en Masaya.
La solicitud de las medidas cautelares para los 16 jóvenes opositores autonombrados “la banda los aguadores” la realizaron organismos nacionales como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IND), el Colectivo de Derechos Humanos Nunca +; y de los internacionales la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos(IMD) y el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil).
Estas organizaciones solicitantes exigen la liberación inmediata de todas las personas detenidas, asimismo para que el régimen de Ortega frene la persecución penal. Y señalan que “con las medidas cautelares buscan que mientras las defensoras y defensores se encuentren en detención, las autoridades se abstengan de cometer actos de tortura y se asegure el acceso inmediato de las personas detenidas a personal médico”.
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Los 16 jóvenes opositores que están encarcelados y criminalizados son Ivana del Carmen Álvarez Martínez, Melvin Antonio Peralta Centeno, Marvin Samir López Ñamendiz, Amaya Eva Coppens Zamora, María Margarita Hurtado Chamorro, Neyma Elízabeth Hernández Ruiz, Jesús Adolfo Teffel Amador, Derlis Francisco Hernández Flores, José Dolores Medina, Atahualpa Yupanqui Quintero Morán, Wendy Rebeca Juárez Avilés, Olga Sabrina Valle López, Wilfredo Alejandro Brenes Domínguez, Roberto Andrés Buchting Miranda, Jordan Irene Lanzas Herrera y Hansell Amaru Quintero Gómez, quienes se suman a la lista de los casi 150 presos políticos que mantiene la tiranía en sus calabozos.
Las seis organizaciones de derechos humanos han informado a la CIDH sobre los motivos de la detención ilegal, entre ellos destacan que: “… desde el inicio de la crisis se han expresado públicamente como activistas de derechos humanos y opositoras al gobierno” a la vez señalaron que pese que los jóvenes intentaron solidarizarse con un grupo de madres que permanecían en huelga de hambre, “el Fiscal Auxiliar de Managua formuló acusación y los procesó por el delito de tráfico ilícito de armas en perjuicio de la seguridad pública de la población nicaragüense” , basándose en las afirmaciones de los agentes policiales.
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Por su parte, Claudia Paz y Paz, directora de CEJIL Mesoamérica señaló que estos hechos son una muestra de la criminalización que sufren los opositores en Nicaragua. “Las 16 personas detenidas estaban realizando un acto humanitario apoyando el derecho de las madres a ejercer sus propios derechos”.
En tanto, la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez de Escorcia recordó que estas acciones de criminalización revictimizan a los defensores, “al presentarlos públicamente como delincuentes y terroristas, se violenta el principio de presunción de inocencia, se les estigmatiza y al sustraerlos del juez natural se viola el debido proceso y otras garantías”.
