La Fiscalía orteguista acusó en los juzgados a los 16 ciudadanos secuestrados la noche del jueves por la Policía al servicio de la dictadura de Daniel Ortega, cuando estos llegaron a las afueras de la Iglesia San Miguel Arcángel de Masaya a dejar agua y alimentos a las madres de presos políticos que están en huelga de hambre exigiendo la libertad de sus hijos.
De los 16 secuestrados, 13 son miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), los cuales son la exrea política Amaya Coppens, Wendy Juárez, Ivania Álvarez, Neyma Hernández, Roberto Buschting, Jesús Tefel, Melvin Peralta, Derlis Hernández, Olama Hurtado, Olga Valle, José Medina, Hanzell Quintero y Ahualpa Quintero.
De los otros tres ciudadanos que acompañaban la comitiva, solo se conoce del caso del exreo político de Masaya Wilfredo Brenes, de 40 años, quien según la abogada defensora de derechos Mariela Montalván, cerró su negocio y junto a uno de sus trabajadores se dispuso a dar acompañamiento a la UNAB.
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Montalván dijo a Artículo 66, que junto a Brenes fue secuestrado su trabajador, de quien desconoce su nombre. Fue hasta la mañana de este sábado 16 de noviembre que familiares de Wilfredo Brenes conocieron que está en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como “El Nuevo Chipote”, en Managua y fue en horas de la mañana de este domingo que se conoció que el Ministerio Público lo acusó formalmente.
Aunque se desconoce de los delitos de los que se acusan a los ciudadanos, todos fueron remitidos a los juzgados de distrito de Managua, por lo que según fuentes oficiales, las acusaciones pueden ser de gravedad.
Pese a que se presentó formal acusación de los 16 secuestrados, estos no fueron presentados a los juzgados de Managua. “No presentaron a ninguno de los muchachos, ya sacaron a todos los familiares, no se sabe cuándo los presentarán en audiencia preliminar”, dijo uno de los abogados que da seguimiento a los casos de reos políticos.
La ola de represión por parte de la dictadura de Daniel en contra de la oposición se intensificó desde el 14 de noviembre cuando madres de presos políticos iniciaron huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, demandando la libertad de los 139 secuestrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.