La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) en conjunto con la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) acogieron el demoledor informe presentado recientemente por la Comisión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y urgieron a este organismo convoque a la brevedad posible a una asamblea extraordinaria a fin de que aplique al régimen de Daniel Ortega la Carta Democrática Interamericana.
La oposición asegura que el informe presentado por la comisión especial es un complemento de las denuncias que han venido realizando otros organismos internacionales desde el inicio de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, en el que remarcan que la dictadura ha alterado el orden constitucional y violado los derechos humanos de los nicaragüenses.
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«Acogemos las conclusiones y recomendaciones de este informe, que constata lo que ha sido previamente denunciado por organismos especializados de la OEA, del sistema de Naciones Unidas, del Parlamento y la Unión Europea, así como por agencias gubernamentales y no-gubernamentales defensoras de los derechos humanos. Reiteramos que el pueblo vive bajo un régimen ilegítimo que criminaliza y reprime la protesta con fuerza desproporcionada, sin posibilidad alguna de ampararse en instituciones independientes que hagan contrapeso al Poder Ejecutivo», señala la oposición.
Piden ilegitimar a la dictadura
En este sentido, la ACJD y UNAB pidió a los estados miembros de la OEA declarar como «ilegítima» la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalada de cometer delitos de lesa humanidad. Asimismo urgieron al organismo poner en marcha todos los mecanismos previstos que contribuyan al restablecimiento de las garantías constitucionales.
#AlianzaInforma| Solicitamos a los Estados miembros de la OEA un claro e inequívoco reconocimiento de la ilegitimidad de un Gobierno que alteró el orden constitucional, al grado de destruir las bases de nuestra democracia. #SOSNicaragua #Nicaragua https://t.co/UBrNJW8RMp
— Alianza Cívica Nicaragua (@AlianzaCivicaNi) November 21, 2019
«Comenzando por la libertad incondicional de todos las presas y presos políticos y el respeto a los derechos humanos, que creen las condiciones para celebrar elecciones libres, transparentes, observadas y adelantadas, que conduzcan al establecimiento de un gobierno democrático, garante de la paz, la libertad y la justicia para el sufrido y valiente pueblo de Nicaragua».
La oposición finalmente señaló que estas exigencias están respaldadas en los acuerdos firmados en la mesa de negociación del 27 y 29 de marzo de 2019.
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En su informe la Comisión de la OEA determinó que «el Gobierno de Nicaragua ha venido desarrollando hacia los demás poderes del Estado, incluidos los poderes Legislativo, Judicial y el Consejo Supremo Electoral, entre otros, Hacen inviable el funcionamiento democrático del país, transformándolo en un Estado cooptado e incompatible con el Estado de derecho».
