La administración española bajo el mando del presidente Pedro Sánchez emitió un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores donde exprese “su preocupación por las recientes detenciones de más de 13 ciudadanos nicaragüenses que prestaban apoyo a familiares de presos políticos”.
Desde el jueves, 14 de noviembre, madres de los reos de la dictadura y excarcelados del régimen iniciaron una huelga de hambre para exigir la libertad de los 139 detenidos. Los manifestantes se encuentran encerrados en la iglesia San Miguel Arcángel, en Masaya, donde los oficiales de la tiranía mantienen asediado impidiendo la entrada o salida de los protestantes.
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El Gobierno de España también abogó por el “levantamiento inmediato del asedio policial al que están sometidos en dice iglesia el párroco (Edwin Román) y los fieles que lo acompañan”. Los guardias han impedido el ingreso de agua, medicinas y alimentos y más bien, la dictadura ordenó el corte del servicio de agua potable y energía eléctrica.
Desde Madrid, este 16 de noviembre, demandaron a Daniel Ortega y Rosario Murillo respete la libertad de expresión , manifestación y reunión, misma solicitud que han hecho desde que inició la crisis sociopolítica en abril de 2018, llamamiento que el régimen ha desatendido. Igualmente, insistieron en que debe encontrarse una salida urgente a la situación que atraviesa Nicaragua por medio de una “negociación política basada en el respeto de los derechos humanos y los valores democráticos”.
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La represión ha dejado más de 320 ciudadanos asesinados, cerca de 4,000 heridos y más de 80,000 exiliados, de acuerdo con organismo internacionales de Derechos Humanos.
