Un estudio presentado por el organismo internacional Institute on Race Equality and Human Rights (Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos), que trabaja en defensa y protección de derechos humanos, refleja que en Nicaragua todavía hay 139 presos políticos que están secuestrados en 10 departamentos del país, aunque la mayoría de ellos permanecen en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, en Tipitapa.
Los datos recogidos de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) detallan que de estos 139 ciudadanos, 4 ciudadanos permanecen en el penal de Jinotega, 12 en Matagalpa, 2 en Nueva Segovia, 3 están secuestrados en Estelí, 5 en Chinandega, 8 en León, Managua, con el mayor número de presos políticos, reporta 83, la ciudad de Masaya 7, mientras Granada tiene 10 y por último Chontales con 5 reos de conciencia.
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«Ahora la mayoría de los prisioneros políticos están en centros de detención departamentales con la intención de generar menor atención de la opinión pública y reducir el efecto del reclamo por libertad de sus familias y organizaciones que les acompañan».
?⚪️Los presos políticos de #Nicaragua están detenidos en 10 ciudades del país, aunque la mayoría se encuentra en la penitenciaría conocida como “La Modelo”, de la capital.
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No los olvidemos, no dejemos de exigir:
?¡Libertad para los presos políticos!https://t.co/HLgB3zlTVU pic.twitter.com/WxMjKq90rd— Race and Equality (@raceandequality) November 5, 2019
Para la elaboración de pronunciamiento, el organismo internacional consultó a dos abogadas nicaragüenses, defensoras de derechos humanos, quienes coincidieron que estos ciudadanos fueron detenidos por rebelarse contra los atropellos cometidos por la tiranía a raíz de la crisis sociopolítica desatada en abril de 2018.
«Ahora tratan de disfrazarlo de delincuencia común; robo agravado, amenazas, portación ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, y ya no te acusan de diez o quince delitos, sino de uno o dos. La idea del régimen es decir que aquí no hay presos políticos, aquí hay delincuencia común», explicó Alexandra Salazar, abogada de la Unidad de Defensa Jurídica de Presos Políticos.
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En este sentido, manifestó que estas nuevas medidas optadas por el régimen, de acreditar delitos comunes, ha dificultado el trabajo de los organismos no gubernamentales que trabajan en el monitoreo e identificación de presos políticos. «Los defensores conocen de estos casos a través de los medios de comunicación, denuncias de familiares a organizaciones de derechos humanos o publicaciones en redes sociales».
La lista de 139 presos políticos la completa la única mujer, María Ruiz Briceño, la joven de 22 años, estudiante y exatrincherada de la UNAN. Los demás son campesinos, profesionales, trabajadores del sector informal e inclusive, retirados.
?⚪️María Ruiz,estudiante; Marcos Campos, comerciante; Bryan Cruz,campesino. Con oficios diversos, los presospolíticos de #Nicaragua se manifestaron desde sus propios espacios
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No los olvidemos, no dejemos de exigir:
?¡Libertad para los presos políticos!https://t.co/HLgB3zlTVU pic.twitter.com/nsjZZHJd3q— Race and Equality (@raceandequality) November 6, 2019
La institución no gubernamental concluyó exigiendo al Estado de Nicaragua libere «de forma inmediata» los 139 prisioneros políticos, como también sean cancelados los antecedentes penales.
«A ellos, así como para todas las personas que fueron detenidas arbitrariamente y procesadas irregularmente tras los hechos de abril de 2018, el Estado debe garantizarles la debida reparación por las violaciones de derechos humanos y los daños sociales, morales y materiales que han sufrido».
