Familiares de Presos Políticos contradicen informe mentiroso presentado por la dictadura en Naciones Unidas

La Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP), desmintieron y rechazaron enérgicamente la respuesta del régimen de Ortega sobre la no existencia de presos políticos en el país, que fue enviada al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el pasado 13 de septiembre, por lo que solicitaron al organismo que exija al régimen el cumplimiento de sus recomendaciones.

Los integrantes de la AFPP en su comunicado señalaron que «hay encarcelados más de 133 presos políticos, por haber denunciado a altos funcionarios del gobierno, y por haber participado activamente en las protestas».

Asimismo, denunciaron que los presos políticos sufren constantemente «violaciones a
sus derechos humanos, donde el Estado de Nicaragua pone en riesgo sus vidas, la
integridad física de cada uno de ellos y de sus familiares por los asedios constante a su núcleo familiar».

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Por otro lado, los familiares de los presos políticos piden la intervención del Consejo de Derechos Humanos para que el régimen permita el acceso a organismos internacionales de derechos humanos y constate mediante el listado oficial de los reos políticos emitido por la Alianza Cívica de Nicaragua.

Una de las familiares de preso político aseguró que se ha demostrado de una y mil manera que ellos son presos políticos, por lo que «exigimos al organismo su ayuda para que el gobierno los deje en libertad, mi hijo tiene 10 meses de estar secuestrado otros que llevan más de un año».

Por su parte el abogado defensor, Julio Montenegro aseguró que «estamos claros que los casos son políticos, ya que en el trabajo que desarrollamos encontramos causas para determinarlo de esa manera  por las imputaciones desde terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos, uso de armas restringidas y ahora robo agravado, secuestro etc».

Finalmente, Montenegro hizo un llamado a los organismos internacionales para que «den seguimientos a la situación que están viviendo los familiares de los prisioneros políticos, donde a los procesados políticos no se les da ninguna alternativa acusándolo de delitos comunes, pero el origen de la situación tiene que ver protestas cívicas».