Los abogados Julio Montenegro y José Antonio López, de Defensores del Pueblo, interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), viciada por la dictadura de Daniel Ortega, un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley de Unidad de Análisis Financiero (UAF), debido a que consideran que con esta ley el gobierno pretende ejercer control violando y lesionando las garantías y derechos de los nicaragüenses.
La reforma a La Ley 1002 fue aprobada el cuatro de septiembre por la aplanadora orteguista, misma que dicta que “los abogados y notarios públicos deberán obligatoriamente reportar operaciones inusuales al Poder Judicial”, según señalan con el fin de “analizar la información y detectar situaciones irregulares para fortalecer la protección contra delitos como lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva”.
El doctor Montenegro señaló que el recurso fue interpuesto ante la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial y recibido por el Secretario de la institución. “Nosotros hemos cuestionado fuertemente la situación que se nos quiera ver como parte de un ente investigador, donde en este caso el presidente de la república coordina algunos ente que tiene que ver con la Policía Nacional, Ejército Nacional, Procuraduría de la República y del Ministerio Público”, expresó el penalista.
Por otro lado, remarcó que con esta ley el gobierno se involucra entre “las personas que representamos y nosotros como abogados en cuanto en materia del código civil, familia y penal (…) porque nosotros no tenemos que ventilar tipo de estrategias de defensa con la policía nacional”.
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El doctor López, por su parte, hizo alusión que en el recurso de inconstitucional incluyeron lo que dictamina el Código Civil. “Los abogados, médicos y comadronas no pueden revelar el secreto que se les ha confiado”. Asimismo, refirió que para haber aplicado la norma “los ilustres diputados debieron haber reformado el Código Civil”, por lo que invita a los parlamentarios a leerlo para que puedan emitir una ley verdaderamente apegada a derecho.
También los juristas manifestaron que esta reforma de Ley no solo lesionan los derechos de los ciudadanos que hace uso de la profesión de los abogados, sino que también violan su labor, por lo que consideran que esta acción de “un estado policíaco”, ya que como abogados corren el riesgo de ser enjuiciados e ir a la cárcel por “patrocinio infiel” a la Constitución Política de Nicaragua.