A través de la Dirección General de Ingresos (DGI), el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende controlar el trabajo de los abogados y notarios públicos, obligándolos a comprar a través de la plataforma en línea, el papel sellado y timbres, así como los documentos relacionados con sus registros de protocolo y testimonio, que los juristas necesitan para librar escrituras e inscribir los trabajos legales.
Según los abogados consultados por Artículo 66, la propuesta inicial incluye la obligación de los abogados de registrarse en el sistema de la DGI para luego poder asistir a capacitaciones que la misma entidad gubernamental brindará. La DGI obligaría además a los abogados a registrar su número de carné y correo electrónico para llenar un formulario.
Lo peor de este nuevo mecanismo de control estatal, según los notarios, es que los obligará a subir a la plataforma de la DGI las escrituras públicas que van a librar, para luego poder imprimirlas en el papel sellado. Al imprimir cada una de las copias, la institución pondrá un código de barras en cada documento que servirá para llevar el control del pago del impuesto, y del número de hoja en la que se imprime cada escritura.
Con esta acción “el régimen controlará el trabajo que realizan los abogados y notarios público porque todas las escrituras quedarán grabadas en la plataforma de la institución del Estado, violando así el derecho a la privacidad al hacer público o de conocimiento de terceros aquellos hechos o circunstancias ajenas de las cuales se ha tomado conocimiento”, denunció un abogado en condición de anonimato.
El procurador laboral José Antonio López, manifestó a este medio de comunicación que a la única institución que ellos están obligados a reportar información privada de forma anual es a la Corte Suprema de Justicia, “no dice que tenemos que estar dando información a la DGI de todos los actos privados que se hacen entre particulares”.
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“Aquí se está violentando el Código Civil el cual establece que los abogados no podemos revelar los sigilos o secretos que nos han confiado. Cómo va a venir la DGI a pedirte que le vayas a pasar la escritura que vos estás elaborando, sea de compra venta o testamento cerrado, cuando es información privada entre el cliente y el notario”, refutó López.
Asimismo la tiranía intenta controlar el pago de la retención en concepto del Impuesto sobre la Renta (IR). Obligará a los notarios a declarar cada mes el anticipo del mismo y el pago mínimo.
“Esto que está haciendo la DGI no es nada más una desesperación por recoger fondos porque no tienen dinero para pagar a los nuevos empleados, entre comillas paramilitares, que contrató el Estado (…) es decir, la planilla del Estado ha tenido un crecimiento abismal y como no hay plata entonces está buscando como recaudar a través de impuestos”, recalcó el penalista.
Crece desconfianza entre clientes
López señaló que esta medida que intenta implementar la dictadura crea desconfianza entre los clientes y notarios públicos. “Totalmente porque si vos me decís que querés crear una empresa, me presentas tu capital y tus socios y lo haces bajo la figura de Sociedad Anónima (S.A), pero con esto el Estado ya sabrá quienes son tus socios, capital y lo que querés hacer”.
Esto convierte a los abogados y notarios en contribuyentes y responsables recaudadores del IR, IVA, ITF, y otros, asignándoles de oficio un número RUC.
“Un abuso más del gobierno”
Por su parte el director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, calificó como “un abuso”, que el régimen intente controlar todas las instituciones del Estado.
“Aquí se pierde la confiabilidad, la privacidad, porque al final la DGI tomará control de todas las escrituras que puedan desarrollar los abogados, incluso tendríamos que hacer una revisión si es violatoria de la Constitución porque al final las personas tienen derecho a su privacidad y aquí la están invadiendo.
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Yonarqui Martínez, abogada defensora de derechos humanos, recalcó que es una total “Usurpación de la DGI, porque la Corte Suprema de Justicia es el único ente regulador y a quien los notarios entregan sus protocolos anualmente, la DGI es una institución del Ejecutivo”, expresó.
