Luego de un año de exilio en Costa Rica, los padres del niño Teyler Leonardo Lorío Navarrete, regresaron a Nicaragua. El bebé, de 14 meses de nacido, fue asesinado el 23 de junio de 2018 de un disparo en la cabeza. Los familiares señalaron directamente a la Policía y paramilitares que actuaban conjuntamente en el “plan limpieza” contra los tranques que se habían instalados en la pista a Sabana Grande, cerca de la vivienda de esta familia, en el sector de las Américas Uno, en Managua.
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Según Nelson Gabriel Lorío Sandoval, de 33 años, padre del menor, la decisión de regresar a Nicaragua fue tomada junto con su esposa Karina Alejandra Navarrete Sánchez, debido a la difícil situación que vivían en Costa Rica.
Además, afirmó que pese a la situación de inseguridad que se vive en Nicaragua, están dispuesto a asumir los riesgos y seguir demandando justicia.
“Después de exigir justicia por el asesinato de mi hijo y no recibir ninguna respuesta, más bien lo que recibimos mi esposa y yo fue persecución y asedio, decidimos exiliarnos en Costa Rica, pero la situación en ese país está difícil, teníamos carnet de refugiados, pero fue imposible encontrar un empleo estable, es por eso que el nueve de octubre de este año regresarnos a Managua. Sabemos que el asedio y represión continúa, pero estamos decididos a no irnos, este es nuestro país y aquí nos quedaremos”.
Crimen sin justicia
Este miércoles, 23 de octubre se cumplieron 16 meses del asesinato del niño Teyler Lorío. En el dictamen de medicina legal resalta que la muerte del menor fue por suicidio y no un asesinato a como lo denuncian sus padres y como se muestra en algunos vídeos. “Hace 16 meses que fue asesinado mi hijo, la Policía dice que es sospecha de homicidio, pero ni ellos se creen esto, yo creo que poco a poco van entendiendo que ya la gente no les cree y por eso buscan cómo justificar sus crímenes. Pero no permitiremos que este crimen de lesa humanidad quede impune”, expresó Nelson Lorío, padre del menor.
Según la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), en Nicaragua la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo cometió crímenes de lesa humanidad, donde fueron asesinados más de 300 personas, incluyendo jóvenes y adultos, que hasta la fecha no se les ha hecho justicia.
