La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo remitió a la Asamblea Nacional para su aprobación una reforma a la ley No.977 “Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”, mejor conocida como “Ley antiterrorismo”. Los artículos reformados son el articulo 4 numeral 7, artículo 9 numeral 4, artículo 10, artículo 15 literal e), artículo 17 numeral 7, de la Ley 977.
La reforma pretende obligar a los abogados y notarios públicos a informar sobre “operaciones inusuales” y reportarlas al Poder Judicial, y en caso que sea necesario, remitirlas a la Unidad de Análisis Financiero. Es decir, que de aprobarse esta reforma los abogados y notarios públicos serán incluidos en la lista de profesiones y actividades no financieras como sujetos obligados por la legislación, para detectar movimientos financieros de “personas sospechosas”.
“Se requiere la inclusión de algunas actividades y profesionales no financieras designadas como sujetos obligados a informar o reportar operaciones sospechosas vinculadas con el LA/FT/FP (Lavado de Activos/Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) y delitos precedentes del Lavado de Activos. Entre estas actividades y profesionales no financieras designadas, se encuentran los abogados y los Notarios Públicos, por cuanto podrían ser utilizados por personas u organizaciones delictivas, como medio para desarrollar actividades de LA/FT/FP”, se lee en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma enviada por Daniel Ortega a su Asamblea Nacional.
“Esta reforma es completamente inconstitucional porque existe una premisa constitucional del derecho a la defensa y todo lo que vos hablés con tu defendido es confidencial, no podés denunciar, porque estarías actuando con falta de ética”, expresó la abogada Yonarqui Martínez, defensora de presos políticos, a quienes el régimen de Ortega señala de “terroristas”.
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“Con la aprobación de esta reforma de ley, se fortalecerá la protección contra las amenazas del lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y facilitará a las autoridades públicas cumplir sus funciones de protección y seguridad frente a la delincuencia organizada”, cita el documento.
El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Walter Espinoza señaló que esta reforma obligará a los abogados y notarios públicos a denunciar a sus clientes que estén involucrados por lavado de activos y que estén vinculados a operaciones sospechosas como financiamiento al terrorismo.
“Hoy en día no se trata de ir a defender como se ha enseñado y como es su profesionalismo, se trata de ir a denunciar y no es posible que esta situación vaya a pasar porque la ética y el profesionalismo que una vez aprendió este abogado no se trata de ir a denunciar a su cliente, así que esta es la intención de este gobierno que ahora quiere controlar a este gremio de abogados, no sé cuál es el objetivo principal que quieren controlar a todo tipo de gremio, ya sean médicos, maestros y ahora abogados”, expresó el diputado liberal al medio digital Actualidad.
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Desde la aprobación de esta ley en el mes de julio de 2018, ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, comunidad internacional y miembros de la sociedad civil, ya que la nueva ley antiterrorista fue usada para detener a estudiantes que se levantaron en contra del régimen, sin embargo deja en la impunidad las muertes y graves violaciones a derechos humanos cometidos por policías y paramilitares.
No hay que manipular la información, tanto los contadores públicos como los abogados, son fe datarios; y tienen esa obligación de acuerdo a sus Normas éticas, si tienen dudas pregunten al Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, principalmente a los que conocen de lavado de activos, por favor hay que ser objetivos en la información
Estimado si fuera de conocimiento de causas muchos ministros y diputados deberian estar presos, porque quienes son los principales lavadores de activos atravez de sus empresas de bolsillos.. esto no es desinformar estos es hablar con claridad…..
Ya preguntaste al gremio de contadores y abogados, esto se empezó desde hace tres años en otros países, es algo introducen los gringos en las leyes después del 11 de septiembre, hay que informarse
Estimado, no hay que confundir un asunto ético de alguna profesión con lo que haga un ministro o diputado como usted dice, para que hable con claridad como también usted dice, pregunte a los gremios y sabrá que ese aspecto de la ley se han introducido en muchos países después del 11 de septiembre, hay que informarse bien estimado