La Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabaja con la Niñez y la Adolescencia (Codeni) reporta que en Nicaragua, por día, al menos cinco niñas menores de 14 años han tenido que sustituir sus juguetes por pañales, producto de abusos sexuales cometidos particularmente por sus padres, hermanos o personas cercanas a la familia.
Codeni señala que la violación sexual y maternidad impuesta contra niñas y adolescentes, “atentan contra su dignidad, degrada su salud mental y vulnera su condición física,
emocional, económica y psicológica”.
“Atrás quedan los juegos, las expectativas y afronta riesgos en el parto, un aborto inseguro o el intento suicida. Las niñas obligadas a ser madres tienen una alta probabilidad de abandonar la escuela, acceden a trabajos peor remunerados y perpetúan el ciclo de pobreza”.
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De acuerdo a los datos recogidos por el Instituto de Medicina Legal (IML) el 86% de los delitos sexuales en Nicaragua, ocurren particularmente contra niñas y adolescentes, “siendo el rango de edad más frecuente entre los 10 y los 13 años y la mayoría de estos delitos son cometidos por personas de la familia o cercanas a ella”.
Codeni afirma que a nivel latinoamericano, Nicaragua es el país que ocupa el segundo lugar con mayor proporción de embarazos en adolescentes. “El 24.4% de los embarazos son en niñas y adolescentes”.
“Una niña o adolescente que enfrenta un embarazo impuesto lo rechaza, aún más si el delito fue cometido por su padre, hermano, abuelo u otro familiar. Se siente traicionada, culpable, sola y responsable de la seguridad y rupturas en su familia. Aún sin lograr comprender los cambios en su cuerpo, debe afrontar la estigmatización y discriminación en el sistema de salud, en la escuela y en su vecindario”.
Estado no brinda protección a la niñez
Aunque los datos de abusos contra niñas y adolescentes son preocupantes, Codeni asegura que el Estado de Nicaragua no brinda protección y seguridad a las víctimas. Tampoco hay acceso a la justicia y restablecimiento de los mecanismos legales que permitan la denuncia, detención y procesamiento de los agresores, así como también el acceso a la interrupción de un embarazo impuesto.
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“Hacemos un llamado urgente a los garantes, así como tomadoras y tomadores de decisiones a reflexionar sobre esta grave violación a los derechos humanos de las niñas y adolescentes, y les instamos a que en su rol garanticen las medidas de protección especial (…) nuestra responsabilidad como personas jóvenes y adultas, como organizaciones, como
Instituciones, como Estado, es darles protección y seguridad a las niñas y adolescentes”, concluye el documento.
