Adela Cardoza, del juzgado segundo de juicio de Managua, reprogramó para el próximo 24 de octubre el juicio oral y público en contra del preso político Gabriel Ramírez Somarriba, originario de Masaya, secuestrado desde el 13 de junio de este 2019, acusado de poseer y detonar bombas de contacto en casa de una ciudadana del barrio San Jerónimo, de la Ciudad de Las Flores.
La audiencia de juicio estaba programada para la mañana de este martes, ocho de octubre, sin embargo no se efectuó, porque las autoridades judiciales del Sistema Penitenciario de Granada no lo presentaron. Esta es la segunda ocasión que la jueza Cardoza reprograma el juicio en contra de Ramírez, la primera vez fue el 30 de septiembre, porque el fiscal no se presentó.
Niegan acceso a la defensa
Por su parte, la aboga defensora y representante legal de Ramírez, Yonarqui Martínez, calificó de anómalo este proceso, donde además se le negó la entrada a la sala de juicio. “Estuve puntual en la sala seis de juicio, pero la jueza Adela Cardoza me negó el ingresar”.
Además, Martínez dijo a Artículo 66 que “suspendieron el juicio, porque supuestamente el sistema penitenciario no llevó a Gabriel y tampoco se presentó el Ministerio Público. Yo quería denunciar que el plazo que aparece en el código procesal penal ha vencido, es decir, que Gabriel está detenido de manera ilegal, porque no lo han declarado inocente ni culpable, ya que no han iniciado ni terminado el juicio”.
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La jueza orteguista también impidió que Amy Somarriba, madre del preso político Gabriel Ramírez ingresara a la audiencia. “No dan información, mucho menos se le ha permitido a la mamá de Gabriel ingresar a la sala. Esto es injusto, porque siguen volando los derechos humanos de los presos políticos”, denunció una familiar de Ramírez en condición de anonimato.
El proceso en contra Gabriel Ramírez sigue estancado desde el 15 de agosto, cuando la jueza Ruth Chamorro se declaró incompetente y trasladó el caso a los Juzgados de Managua, porque según su criterio, es un caso de relevancia nacional.
“Esta es la tercera vez que suspenden el juicio en contra de Gabriel Ramírez. El Código Procesal Penal establece 90 días para procesarlo y ya se venció el plazo, por eso exigimos su libertad, porque está injustamente detenido en el sistema penitenciario de Granada”, concluyó Yonarqui Martínez.
