Asedio e intimidación policial no logra frenar protestas contra la dictadura

Entre enero y septiembre de 2019 se registraron un total de 286 protestas públicas, según contabilizó la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES). Estas movilizaciones se realizaron, aun en medio de la feroz campaña intimidatoria y el asedio policial de la dictadura de Daniel Ortega contra los ciudadanos que protestan.

Desde abril 2018 «se gestó una inesperada oleada de más de 2,000 manifestaciones en Nicaragua», como resultado del repudio a las reformas del Seguro Social que pretendía implementar el régimen, que hicieron que estudiantes y pensionados en desacuerdo salieran a las calles para exigir la salida de la pareja dictatorial. Desde ese momento el régimen desencadenó la represión armada que cobró la vida de la menos 328 nicaragüenses, según documentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Funides, en el informe también señala que las 286 manifestaciones es el 86% inferior en comparación a las 2,029 manifestaciones que se registraron en 2018. Sin embargo, destacan que las demandas se centran en el respeto a la libre manifestación, democratización, justicia por los asesinados, así como la libertad de los presos políticos.

Los tipos de manifestaciones realizadas de enero a septiembre de este año han sido el 46% mítines o concentraciones, el 17% declaraciones públicas y el 13% reuniones con autoridades, cuya zona de mayor manifestación ha sido Managua. En marzo 2019, se registró como el mes con más desobediencia cívica, cuando ocurrieron 76 manifestaciones.

Las actividades de desobediencia en septiembre como la convocatoria que realizó la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) junto a la Alianza Cívica, para la Marcha Nacional en memoria de Matt Romero, el joven de 15 años asesinado el 23 de septiembre 2018; también se incluye en el informe, como una de las expresiones que desafiaron a la Policía.

Señalan también que la Policía orteguista «continúan con la estrategia activa de ocupación de los espacios públicos, las detenciones arbitrarias, y la prohibición de las manifestaciones». Sin embargo, resaltan que los acontecimientos del país han sido monitoreados por organizaciones internacionales como la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas quienes se pronunciaron y llamaron al Gobierno a cesar la represión ejercida en contra de los civiles.

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Sobre los comunicados que han emitido actores internacionales acerca de la situación de Nicaragua, recuentan que el 34% provinieron de organizaciones de derechos humanos, seguidos de los gobiernos de diferentes países con el 32%, mientras la OEA con el 19 %, y las Naciones Unidas con el 11%, quienes han condenado y demandado las violaciones de los derechos fundamentales de los nicaragüenses.