Durante la sesión plenaria de este martes primero de octubre, la aplanadora de diputados orteguistas aprobó la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que solicitaban la destitución del exmagistrado Rafael Solís, bajo el argumento de “abandono de trabajo”, desde hace seis meses, pese a que la exficha de la dictadura renunció su cargo el 8 de enero de este 2019.
Solís, en el momento de su renuncia, le aclaró al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que “esta renuncia es independiente de la decisión que tome la Asamblea Nacional de aceptarla o no, aún cuando solo falten tres meses para concluir mi periodo”.
El órgano judicial de la tiranía ante la renuncia de Solís consideró que él había abandonado sus obligaciones laborales, “traicionando a la patria y a su pueblo, violando criminalmente la Constitución Política, incumpliendo con el juramente que hizo como magistrado ante la Asamblea Nacional”, razón por la cual, Rubén Montenegro Espinoza, secretario de la CSJ firmó la solicitud de destitución que presentaron el pasado 26 de septiembre ante la Asamblea orteguista.
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En la solicitud también dieron a conocer que Solís, “huyó del país en el mes de diciembre del año 2018”, “para sumarse a la política antipatriótica y pro imperialista, actitud que puso en evidencia pública en declaraciones en el exterior a diversos medios de comunicación”.
Jorge Irías, diputado del Partido Liberal Constitucional (PLC), denunció que “durante la sesión el presidente del órgano, el orteguista Gustavo Porras, no sometió a debate la resolución simplemente impuso la votación”.
Según Irías, la primera secretaria Loria Dixon leyó ante el plenario la solicitud e inmediatamente Porras decidió someterlo a votación. “Los 70 diputados orteguistas votaron a favor, 11 diputados del PLC se abstuvieron y 2 votaron en contra, y los 2 de la Alianza Liberal Nicaragüense se abstuvieron, asimismo, considera que la destitución es ilegal ya que Solís había renunciado públicamente por escrito desde enero pasado”.
