El modo de operar de la Fiscalía de la mano con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo es castigo para los ciudadanos que desafiaron a la tiranía protestando en su contra. Marvin Antonio Castellón, de 50 años, originario de Managua, es uno de las víctimas de este actuar. Fue secuestrado el 31 de julio de 2018 después de haber participado de las marchas en desacuerdo con el régimen. Su esposa, Daysi Meneses, señaló que la Policía orteguista lo capturó por el delito de amenazas de armas en contra de un militante del partido en el poder.
El 18 de julio de 2018, Castellón solicitó ante los Juzgados de Managua un recurso de exhibición para determinar por qué la Policía lo asediaba constantemente. La mujer del preso político detalló que “el jefe del Distrito III le respondió que ninguno. Sin embargo el 31 del mismo mes, fue detenido”.
Según Meneses, el cuatro de agosto de 2018, la jueza encargada de su caso giró la orden de libertad por falta de pruebas en su contra, sin embargo, las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional hicieron caso omiso y lo trasladaron de “El Chipote” a la cárcel “La Modelo”. “Durante dos semanas mi esposo fue víctima de torturas en “El Chipote”, le quebraron un diente de oro, y le reventaron a patadas el oído”.
El preso político participó en el 2017 en las protestas en contra del alza del combustible y en 2018 en las manifestaciones antigubernamentales. Meneses agrega que su esposo es presidente de una cooperativa de taxis en Managua, y que siempre apoyó la causa de los jóvenes estudiantes en el proceso de negociación.
También insiste en que “él está triste, pesaba 200 libras cuando cayó preso y ahora pesa 110 libras y está muy enfermo del estómago y alergias en la piel”. Asimismo, denuncia que su familia vive constantes asedios. “Durante ha estado preso, dos veces han llegado los paramilitares a la casa a buscarlo a él y a sus hijos mayores de los cuales uno también está detenido”.
Meneses relata que en una de las llegadas de los paramilitares a su casa fueron “capaces de entrar (a la vivienda), y lo que más me duele es que a mis hijos menores de edad los pusieron acostados en el piso amenazándolos y apuntándoles con el AK para que no se movieran y cuestionándolos por su papá”.
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La Fiscalía acusa a Castellón de robo agravado en contra de cuatro militantes orteguistas y de asesinato agravado en grado de frustración en perjuicio de José Carera Velásquez. Meneses se muestra preocupada por su familia: “mi vida ha sido triste, dolorosa, con temor porque no quiero que le pase nada a él ni a mis hijos, vivo atemorizada porque llegan patrullas a mi casa”.
