ONU pide a países que protejan a nicaragüenses exiliados ante el riesgo de deportaciones
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó a los países que acogen a nicaragüenses exiliados a reforzar su protección, evitar expulsiones que los expongan a daños irreparables y coordinar acciones para investigar la represión transnacional del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La OACNUDH planteó estas exigencias en su informe sobre Nicaragua presentado en septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El organismo pidió a los Estados receptores que «intensifiquen la protección y el apoyo a las víctimas», que no extraditen ni expulsen a personas expuestas a perjuicios irremediables y que fortalezcan la cooperación para investigar y responder a la persecución que cruza las fronteras.
La advertencia se produce ocho años después del inicio de la crisis sociopolítica de 2018, mientras los organismos internacionales documentan nuevas formas de vigilancia, hostigamiento y violencia contra quienes abandonaron Nicaragua por razones políticas.
Costa Rica, escenario de ataques contra opositores
El asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio de 2025 en San José, se convirtió en uno de los casos más graves de violencia contra opositores nicaragüenses en el exilio.
Samcam, crítico del régimen de Ortega y Murillo, fue asesinado a tiros en su vivienda. La investigación costarricense identificó indicios de un posible móvil político y de planificación desde Nicaragua, aunque la responsabilidad intelectual del crimen continúa sin esclarecerse por completo.
Otro caso relevante es el de Joao Maldonado, opositor nicaragüense que sobrevivió a dos atentados en territorio costarricense. Los ataques contra él y su entorno han alimentado las denuncias sobre la extensión de la represión más allá de las fronteras de Nicaragua.
A estos casos se suma la situación de campesinos nicaragüenses exiliados en Costa Rica contra quienes se han solicitado procesos de extradición: Reinaldo Picado, Pedro Fernández y Douglas Gamaliel Pérez.
El organismo también pidió a los gobiernos fortalecer los mecanismos de protección e investigar las acciones que puedan constituir persecución transnacional.
En Estados Unidos, exiliados temen la deportación
La preocupación también alcanza a los nicaragüenses que buscaron protección en Estados Unidos y que ahora enfrentan procedimientos migratorios.
Human Rights Watch (HRW) denunció el 2 de octubre que las autoridades migratorias estadounidenses habían detenido al menos a ocho exiliados nicaragüenses a quienes el régimen de Ortega y Murillo despojó de su nacionalidad. Entre ellos hay personas con solicitudes de asilo pendientes.
Siete de los detenidos formaban parte de los 222 presos políticos que el régimen expulsó a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023 y declaró «traidores a la patria», además de retirarles la nacionalidad. El octavo era el periodista Luis Galeano, desnacionalizado junto con otros críticos del Gobierno.
La organización advirtió que estas personas podrían ser devueltas a un país donde corren riesgo de persecución o tortura. Al menos cuatro de los ocho detenidos tenían solicitudes de asilo pendientes, según la información recopilada por HRW.
Según un análisis de datos de las autoridades migratorias citado por la organización, Estados Unidos deportó a más de 6,300 nicaragüenses entre enero y julio de 2026, casi el doble de los 3,323 registrados durante el mismo período de 2025.
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