El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),en Ginebra, Suiza, adoptó un total de 259 recomendaciones al Estado de Nicaragua para encontrar una salida a la crisis sociopolítica atraviesa el país desde 2018, de las cuales sólo 135 aceptó el régimen de Ortega, y rechazó 124, de las cuales, 100 de ellas estaban relacionadas con la crisis que vive el país y las graves violaciones de derechos humanos a los nicaragüenses, perpetrados por el régimen.
Los países miembros de la ONU demandaron a la dictadura se respete el derecho a la movilización, manifestación pacífica, libertad de expresión y libertad de prensa, la liberación de más de 130 presos políticos, el ingreso de los mecanismos especiales como la CIDH, además demandaron el desarme de paramilitares como también se investiguen los responsables de los más de 328 ciudadanos asesinados durante las protestas.
Por otro lado, la tiranía negó que en el país existan presos políticos e hizo mención que estos fueron liberados en su totalidad el 11 de junio, mediante la aprobación de la criticada Ley de Amnistía. Sin embargo, organismos internacionales certifican la lista oficial de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, donde señala que 126 ciudadanos continúan secuestrados en los sistemas penitenciarios del país, señalados de cometer delitos comunes, para desacreditar que en el país existen presos políticos.
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La abogada defensora la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) María Oviedo aseguró que recurrirá a todas las instancias correspondientes para apelar contra la decisión de suspensión de ejercer su labor que dictó la orteguista Corte Suprema de Justicia (CSJ), la que ella califica como arbitraria, ilegal y viciada. Por su parte, el organismo al que ella representa sostiene que Oviedo continuará trabajando y desarrollando acciones de cara a la población.
Oviedo expresó que la medida viene a ocasionar una serie de dificultades con relación a las audiencias y juicios que tiene programado durante los seis meses de suspensión. “Se van a interrumpir, van a acarrear consecuencias tanto a los procesados, sus familiares, y también al mismo Estado porque va a generar mayores costos porque los juicios se van a tener que iniciar nuevamente y que serán pagados por los impuestos del mismo pueblo”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre la “Migración Forzada de Personas Nicaragüenses a Costa Rica” en el que presentan la situación de derechos humanos de los exiliados en ese país. Asimismo, detallan que los nicaragüenses responsabilizan con el 46 por ciento a los paramilitares como los principales culpables de todos los exiliados.
En el informe se detalla dentro de los principales grupos de nicaragüenses que se vieron forzadas a dejar su país, el 23 por ciento son estudiantes que participaron en las manifestaciones y protestas, el 22 por ciento son defensores y defensoras de derechos humanos y líderes de movimientos sociales y campesinos.
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Mientras el 18 por ciento son personas que apoyaron a quienes participaron en las protestas a través de la provisión de alimentos, casas de seguridad y medicinas, un ocho por ciento son médicos y un dos por ciento son periodistas, exmilitares y expolicías que se negaron a participar en actos represivos ordenados por el gobierno nicaragüense.
