El boletín del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó su informe correspondiente al mes de agosto, en la que abordan las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La CIDH señala que parte de las denuncias recibidas se trataron del hostigamiento a defensores de derechos humanos “y otros colectivos de abogadas y abogados en Nicaragua”, como es el caso de la abogada María Oviedo, quien había sido sometida injustamente a un proceso legal por haberse defendido de las agresiones físicas y verbales perpetradas por un jefe policial de la ciudad de Masaya.
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“La CIDH destacó que el contexto adverso en el que personas defensoras de derechos humanos desempeñan su labor es sintomático de la continuación de la crisis y el estado policial en el país”, afirma el organismo internacional.
Detenciones arbitrarias a excarcelados políticos
El organismo defensor de derechos humanos también se refirió al asedio, persecución y detención ilegal que viven los exreos políticos del régimen. Afirman que estas acciones se ejecutan con el objetivo de “amedrentar” a los jóvenes estudiantes que fueron influyentes en el contexto de la crisis sociopolítica.
“Algunas de estas detenciones habrían ocurrido en los puestos fronterizos o en el aeropuerto, por ejemplo, después de su participación en eventos internacionales. De acuerdo con la información recibida, las detenciones se producirían con el objetivo de
amedrentar a estas personas por el liderazgo asumido en el contexto de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018”, recalcó.
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La CIDH afirma que en Nicaragua persisten los actos represivos por parte de la Policía orteguista que se hace acompañar de civiles motorizados que se identifican como paramilitares. El organismo ejemplificó esta represión con el caso del alcalde de Mulukukú, Apolonio Fargas, quien se vio en la obligación de exiliarse en Costa Rica, luego que paramilitares y policías se tomaran las instalaciones de la Alcaldía.
La represión ejercida por el dictador Ortega en Nicaragua, según el organismo, ha dejado 328 ciudadanos asesinados por la Policía y paramilitares, 130 personas secuestradas ilegalmente, considerados presos políticos, más de 400 profesionales de
la salud despedidos y 144 estudiantes expulsados como represalia por su participación en las protestas antigubernamentales, más de 90 periodistas exiliados y al menos 83 mil nicaragüenses obligados a huir del país por la persecución y amenazas de muerte.
