La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Michelle Bachelet, a través de un comunicado expresó su preocupación por la Ley de amnistía que aprobará la dictadura en las próximas horas, cuya finalidad es dejar en la impunidad los delitos cometidos por el órgano represivo del régimen y por paramilitares, durante las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018, que dejó más de 300 ciudadanos asesinados. “Las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional, éstas generan impunidad, lo que puede llevar a más violaciones”, dijo la funcionaria de Naciones Unidas y expresidenta de Chile.
“El monitoreo de derechos humanos realizado por mi oficina y los mecanismos regionales han expuesto las graves violaciones y abusos cometidos desde abril de 2018 en Nicaragua, en particular el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía, que en algunos casos, resultó en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violación sexual y detenciones ilegales o arbitrarias, ocasionalmente cometidas por elementos armados progubernamentales con las aquiescencia de las autoridades”, expresó la Alta Comisionada Bachelet.
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El proyecto de ley en el Artículo uno, establece cerrar registros y antecedentes penales de personas que han sido procesadas, las no procesadas y las que están condenadas. “La amnistía se extiende a las Personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencia. Por tanto, las autoridades competentes no iniciarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias, al momento de entrada en vigencia de la presente ley. Asimismo, las personas que se encuentran privadas de libertad al momento de entrada en vigencia de la ley deberán obtener su libertad de forma inmediata”.
“El gobierno tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas, más de 300 personas resultaron muertas, 2,000 heridas, cientos de personas que se opusieron al gobierno han sido encarceladas y más de 700 han sido procesadas”, añadió Bachelet.
Asimismo, la Alta Comisionada se mostró preocupada ante la reciente aprobación (29 de mayo) de Ley de Atención a Víctimas, que beneficiará particularmente a las supuestas familias “víctimas del terrorismo”. “La ley no establece medidas de reparación adecuadas y proporcionadas, incluidas las indemnizaciones y las garantías de no repetición, además, los considerandos se refieren específicamente a la voluntad de gobierno de atender los daños a las víctimas provocados por el intento de “golpe de estado fallido”, lo que sugieres a las personas que se opusieron al gobierno durante las protestas de 2018 son vistas por las autoridades como perpetradores del “golpe de Estado”, en lugar de víctimas”, detalló Bachelet.
Nicaragua es un país sobera y el gobierno quiere que los bende patria no tengan más escusa para, para siguan llevando al país a la extrema pobreza y ahora con que van a salir