La Unión Europea (UE) da los últimos toques a un marco jurídico con el cual pretende imponer sanciones a algunas de las fichas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en especial, a los implicados en las violaciones a los derechos humanos en el marco de la crisis sociopolítica que se desató en el país desde abril de 2018.
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La medida pretende incrementar la presión para promover el diálogo con la oposición, mismo que la dictadura decidió dar por finalizado de forma unilateral. “Ya se está trabajando en sanciones, de momento con un listado vacío”, explicó una fuente diplomática europea a la agencia de noticias AFP, afirmando que la iniciativa “ya pasó por los órganos encargados de América Latina y de Relaciones Exteriores del Consejo de la UE”
El Concejo Municipal de El Almendro, Río San Juan, denunció la toma de dos manzanas de tierras que iban a ser entregados a 13 familias de escasos recursos, entre ellas nueve madres solteras. Según los ciudadanos, los terrenos fueron arrebatados por el exvicealcalde Julio Carmona, Ramón Jarquín, Leonel Soza y Carlos González, todos exfuncionarios de la administración anterior del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Los afectados afirmaron que los “tomatierras” le argumentaron que ellos también son pobres y dicen que “el comandante (Daniel Ortega) los va apoyar porque (en esa localidad) no manda la Alcaldía golpista”.
La Articulación de Movimientos Sociales (AMS) presentó una propuesta de reforma electoral que contiene 18 puntos para que sea tomada en cuenta en una eventual negociación entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y la dictadura de Ortega. La propuesta incluye la no reelección presidencial, elecciones simultáneas tanto generales, legislativas, regionales, y municipales, y que se permita la conformación de un nuevo partido que sea una opción electoral que aglutine a la gran coalición opositora. Además, se establece la reestructuración del Poder Electoral desde el Consejo Supremo Electoral (CSE) y que se restablezca el mecanismo de dos vueltas contando con el 50 + 1 para poder optar a la presidencia así como el voto de los nicaragüenses en el exterior al igual que la observación electoral internacional.
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Desde hace un año la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), se niega a entregar el papel y los insumos para la impresión del diario La Prensa. El Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA) ordenó al director de la DGA, Eddy Medrano Soto, entregar en un plazo máximo de 30 días los materiales de impresión retenidos desde hace más de 50 semanas, resolución que estará por verse si se cumple, ya que el régimen se resiste a entregarlos como un mecanismo de presión y bloqueo a la prensa independiente, que desde el inicio de la crisis sociopolítica, en abril de 2018, ha sufrido robo de equipos, agresiones, hostigamiento y asedio, perpetrados por la Policía orteguista y grupos paramilitares al mando de la tiranía.
Tras el fracaso del proyecto “Nicaragua Diseña”, que está bajo la dirección de Camila Ortega, hija de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, el régimen dio a conocer a través de sus medios oficialistas el nuevo cargo millonario que desempeñará su hija como coordinadora de la “Comisión Nacional de Economía Creativa”, un puesto inventado por la tiranía para seguir hundiendo la economía de Nicaragua que no ha logrado levantarse tras el estallido social iniciado en abril de 2018.
Estrenando su nuevo puesto, la aspirante a modelo sostuvo un encuentro con el secretario general del Fondo de Desarrollo y Cooperación Internacional de Taiwán (ICDF), donde según la publicación, abordaron “los avances del país sobre el tema de emprendimiento de las familias que aportan al crecimiento económico”. Con esto, queda demostrado una vez más el nepotismo con el que opera la tiranía, colocando a sus familiares en cargos de Gobierno, mismos que gozan todo el clan de los Ortega-Murillo.
