La Catedral Metropolitana de Managua celebró sus 26 años de construcción en un ambiente de austeridad debido al brutal recorte económico que ejecutó la dictadura de Daniel Ortega contra la Iglesia católica de Nicaragua en el Presupuesto General de la República (PGR) para el año 2019, como una medida de chantaje por la posición beligerante que han asumido sacerdotes y obispos en la denuncia de las violaciones a derechos humanos durante la actual crisis sociopolítica.
Desde agosto de 2018, con el congelamiento virtual de las relaciones Estado-Iglesia, el régimen dictatorial de Daniel Ortega ordenó una drástica reducción de 8,87 millones de córdobas que estaban en el PGR para ejecutarse el segundo semestre de ese año.
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La reforma presupuestaria dejó a 94 parroquias y santuarios con recortes de la ayuda estatal, entre las que se incluía a la Arquidiócesis de Managua, dirigida por el cardenal Leopoldo Brenes.
Ya en 2019, en plena ruptura de relaciones institucionales entre la Iglesia católica de Nicaragua y el régimen orteguista; el Ejecutivo decidió reducir de forma drástica la subvención económica hacia las instituciones eclesiásticas católicas, con la excepción de la Diócesis de León-Chinandega que dirigía en ese momento el obispo Bosco Vivas Robelo-, tildado como uno de los defensores de la dictadura.
La subvención económica a la Iglesia católica y las sectas evangélicas pasó de 42,6 millones de córdobas a inicios de 2018, y reducidos a 23,7 millones de córdobas tras la reforma presupuestaria sometida al Legislativo con carácter de urgencia en agosto de ese año; a 3,8 millones de córdobas proyectados a ejecutarse en el año 2019.
«El gobierno, las instituciones y todos los recursos que tienen no son de Daniel Ortega. El dinero de las instituciones son los impuestos de la mayoría de los nicaragüenses católicos para seguir haciendo las obras que por derecho uno como católico desearía que se le diera a la Iglesia», puntualizó un sacerdote católico de la Diócesis de León, bajo la condición de anonimato, al comentar la reducción de recursos estatales.
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A juicio del religioso, la medida impuesta contra la Iglesia es injusta debido a que los recursos son parte de los impuestos que depositan los mismos feligreses al Estado y que este revierte a la población otorgándolo a las instituciones religiosas para trabajo de beneficencia social.
«El Estado tiene una obligación de devolver los recursos que son de nuestros fieles. El Estado piensa que nos está comprando (al clero leonés) pero no nos está comprando la conciencia. Al contrario, nos están concediendo lo que por derecho es de nuestros feligreses católicos», subrayó el religioso.
La Iglesia que se opone a la dictadura
Las parroquias nicaragüenses, durante la actual crisis sociopolítica, han servido literalmente como hospitales y centros de refugio para la población que ha salido a protestar contra la represión ejecutada por el régimen orteguista desde abril. Los sacerdotes y religiosas han expuesto la vida, muchos de ellos entre las balas represivas de los aparatos de seguridad, para socorrer heridos y trasladarlos a un lugar seguro.
Ortega y su esposa, Rosario Murillo -ambos en el poder desde enero de 2007- en respuesta a la posición de la Iglesia, han lanzado una feroz campaña de persecución religiosa que se ha basado en campañas de difamación a sacerdotes y obispos en medios de comunicación plegados a la línea gubernamental y redes sociales, así como la profanación de templos por medio de turbas dirigidas por el partido de gobierno y asedio constante de la Policía del régimen.
Cabe señalar que en Nicaragua las instituciones religiosas reciben subvención estatal cuando no son autosuficientes económicamente por estar en zonas de extrema pobreza cuando custodian patrimonio artístico o cultural de la nación (caso de templos religiosos construidos en la época colonial española, las catedrales y los santuarios), o por la ejecución de programas sociales a sectores que el Estado no puede atender por medio de sus propias instituciones.
Desde 2007, se redujeron los fondos públicos de ayuda a la Iglesia
La investigación del diario La Prensa, titulada «Menos dinero para iglesias», fechada en enero de 2016; señala que durante la administración de Daniel Ortega los recortes a la subvención estatal para la Iglesia católica y las congregaciones protestantes habían ascendido al 66.43%, según datos oficiales del mismo gobierno nicaragüense.
Por ejemplo, en el año 2009, el gobierno de Ortega dejó de entregarle fondos a dos instituciones protestantes (Alianza Nacional Evangélica y Consejo de Pastores de Nicaragua), mientras que redujo las asignaciones para las catedrales de las Diócesis de Granada, León, Matagalpa y Managua.
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La misma investigación detalla que tanto el arzobispo Leopoldo Brenes y el obispo Jorge Solórzano expresaron que cuando la Iglesia solicita fondos públicos, lo hace para programas específicos y que anualmente la institución pasa una memoria del manejo de los fondos a la Asamblea nicaragüense.
«Son proyectos muy concretos y específicos; por ejemplo para reconstruir el techo de un templo, la reconstrucción de un templo, la construcción de su muro; son proyectos concretos los cuales los sacerdotes tienen que dar informe con facturas y yo les oriento a los sacerdotes ser muy correctos en los informes», dijo en ese momento el arzobispo Brenes.
Brenes aseguró, además, que la Iglesia introducía los proyectos ante la Comisión Económica del Parlamento, pero que eran los legisladores quienes decidían si asignaban los fondos o no.
Por su parte, Monseñor Jorge Solórzano, obispo de Granada y en ese entonces secretario general del Episcopado, afirmó que el dinero asignado por el Estado a la Iglesia asegura el mantenimiento de las parroquias en zonas pobres, y su labor social. «Las ayudas del presupuesto a las catedrales y parroquias se reciben para mantenimiento y proyectos concretos como pintura, techos, etcétera».
De acuerdo con la investigación del rotativo nicaragüense, las parroquias son excelentes ejecutoras de los fondos estatales que reciben, ya que en los informes de liquidación presupuestaria se refleja que el cumplimiento de los proyectos es superior al 90 %, que se traduce en que los sacerdotes utilizan el dinero público de verdad para los fines que los solicitaron.
Manipular y mentir, que acaso la economía no fue golpeada con lo que paso el año pasado, acaso las reformas presupuestarias solo afectan a la iglesia, han afectado a todas las instituciones del estado, o que creen que con lo que se dio el año pasado no se afecto la economía, pues señores la faja hay que apretarla todos, además la iglesia apoyo lo que paso el año pasado esas son las consecuencias económicas, o pregúntele a Michael Healy: “Aquí no venimos hablar de economía ese es el costo que vamos a pagar los nicaragüenses”
Héctor realmente que por arrastrados como vos es que estos Asesinos Criminales Genocidas de Lesa Humanidad se mantienen en el poder. Llegará el momento en que tengan que rendir cuentas y será muy pronto y ahí te he de ver a vos llorando por tus Asesinos y Criminales.
Lansemos la campaña DEJEMOS DE CONSUMIR PRODUCTOS GRAVADOS CON IMPUESTOS Y DONEMOS LO AHORRADO A LA IGLESIA CATÓLICA!!! VIVA NICARAGUA LIBRE JUNTO A SUS PASTORES QUE LO ACOMPAÑAN EN SU LUCHA POR LA VERDADERA LIBERTAD!!!
Juli-ANO, si no te gustan mis comentarios pues no los leas, tal parece que te hacen daño, nada de lo que escribes refuta el argumento, mucho menos el tu jefe Michael Healy, ahora sos el adalid de la justicia, enjuicias, calificas el delito y todo, hacete caso estas enfermo, descalificas a todo mundo que no piense como vos ese ha sido tu argumento, descalificar con epítetos a una persona aún sin conocerla, es no tener argumentos para descalificar la opinión de ella; lo único que si te aplaudo es tu segunda opinión, donen a la iglesia, hagan algo para mantenerla, pues ella se sacrifico por ustedes apoyando su aventura no la abandonen. Saludos Juli-ANO