El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó para el miércoles, 28 de agosto, a una reunión ordinaria con los países miembros que conforman esta entidad, para analizar la grave crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua a raíz de las protestas iniciadas en abril de 2018.
El encuentro se realizará en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington, D.C. Según la agenda distribuida por la presidencia de la OEA, en este encuentro el Consejo Permanente abordará el “Proyecto de Resolución sobre el nombramiento de una Comisión sobre Nicaragua”, de acuerdo a lo establecido en la Asamblea General sobre la “situación” que atraviesa el país. El propósito es encontrar una “solución pacífica y eficaz”, señala la orden del día del organismo internacional.
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Dos feligreses y un sacerdote aseguran que el recibimiento del nuevo jerarca católico de León, René Sándigo Jirón –todavía hoy, obispo de Chontales-Río San Juan- no será bien acogido entre los feligreses católicos de esa Diócesis del occidente de Nicaragua; debido a su cercanía con el régimen dictatorial de Daniel Ortega y la constante defensa del religioso a la tiranía. René Sándigo ha sido uno de los dos obispos que en público se ha negado a condenar la represión que ha ejecutado la administración Ortega-Murillo. En una reciente entrevista de corte complaciente emitida en la cadena televisiva de la Iglesia, aseguró enfáticamente que “no hubo muertos” producto de la represión en el tranque de Lóvago.
El juicio oral y público contra la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) María Oviedo fue reprogramado por la jueza orteguista Nalía Úbeda, del Juzgado Tercero Local Penal de Managua, luego que la defensora Leyla Prado presentara problemas de infección renal, lo que la dejó imposibilitada para ejercer su labor de defensa en este proceso.
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La jueza orteguista reprogramó el juicio para este jueves, 29 de agosto, a esperas de que el Instituto de Medicina Legal (IML) remita los resultados de la valoración médica realizada a la doctora Prado, quien por orden de la delegada del orteguismo fue sometida a un chequeo médico para verificar si realmente presenta problemas de salud. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) se solidarizaron con la abogada y llamaron al régimen a no criminalizar a los defensores.