El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, , no ve conveniente convocar a un paro nacional de tres días, luego que los diferentes movimientos sociales del país emplazaran a los empresarios a apoyar esta iniciativa para presionar a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Aguerri dijo que antes de convocar a un paro nacional “hay que pensar en la gente”, porque a quien afectará directamente es al pueblo y no a quien se pretende, es decir al gobierno. Además afirmó que la situación económica de Nicaragua no está en condiciones para resistir un paro nacional de tres días.
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“Hay que pensar en la gente, hay que pensar más allá de las personas que obviamente tienen un punto, en ese sentido ustedes han visto que hemos hecho cuatro paros pero la situación socioeconómica del país está cada vez más deteriorada, tenemos cada vez más gente que se está quedando en el desempleo, tenemos más empresas que se están cerrando, tenemos más empresas que se están pasando a la informalidad”, afirmó el empresario.
Los movimientos sociales como campesinos, excarcelados políticos y madres de abril habían emplazado a la empresa privada de apoyar un paro nacional denominado “Un paro y no un disparo” los días 22, 23 y 24 de agosto, para presionar al régimen a que cumpla con los acuerdos firmados en la mesa de negociación.
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El líder campesino y exreo político de la dictadura, Freddy Navas denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), el asedio policial recibido de parte de la Policía orteguista la tarde de este lunes, 12 de agosto, al momento de su llegada a la terminal de transporte de Tica Bus, procedente de Costa Rica. Los oficiales rodearon el taxi donde iba a bordo el líder campesino. Navas viajaba con la exprisionera Kenia Gutiérrez y venían de Costa Rica, luego de haber participado de una marcha en el vecino país, tras una convocatoria realizada por el Movimiento Campesino, donde además participaron los nicaragüenses que se encuentran exiliados, líderes estudiantiles y excarcelados políticos.
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El líder campesino también denunció que al pasar por la frontera de Peñas Blancas fue retenido por la Policía y llevado a una oficina donde le realizaron una serie de preguntas vinculadas a la política, también le tomaron fotografías de su rostro en diferentes ángulos y a todas sus pertenencias
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A través de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financiera, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo impondrá multas de hasta 50 mil dólares a los bancos o financieras que se nieguen a revelar información de sus clientes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), de acuerdo a lo establecido en la reforma a la ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La medida fue publicada este lunes, 12 de agosto, en La Gaceta diario oficial.
El economista y exministro de Hacienda y Crédito Público y actualmente miembro de la Alianza Cívica Mario Arana, expresó que esta medida es normal a nivel mundial, donde los gobiernos pueden tener acceso a la información en circunstancias que consideren inusuales. Sin embargo bajo el contexto sociopolítico que vive Nicaragua, esta medida se convierte en una “sospecha a la credibilidad o intenciones que podría tener el gobierno”. Esta medida también contempla aplicar sanciones a las entidades bancarias en caso que tarden el proceso de entrega de información solicitada por la UAF, o bien cuando el banco revoque o modifique el congelamiento de fondos o activos sin la autorización de la entidad judicial.
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“Las instituciones financieras supervisadas una vez reciban la comunicación de la lista por parte de la Unidad de Análisis Financiero, procederán sin demora a la búsqueda, detección e inmovilización de los fondos u otros activos que se encuentren en su poder, procediendo a informar a la UAF de manera confidencial el resultado positivo o negativo de la búsqueda”, expresa parte de la publicación del diario oficial.
