Los abogados Defensores del Pueblo presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso contra la Ley de Amnistía, aprobada en la Asamblea Nacional el pasado 8 de junio, que tiene como finalidad dejar en la impunidad los delitos cometidos por la Policía y grupos paramilitares durante las protestas de abril de 2018. “Es el primero que estamos interponiendo, consideramos nosotros que esta Ley de Amnistía es un atropello abierto a la Constitución Política”, expresó el abogado Julio Montenegro. El jurista criticó que esta ley deja archivado los casos de los presos políticos, sin embargo deja absueltos en su totalidad los archivos de los que cometieron verdaderos delitos.
Los juristas afirmaron que informarán sobre este recurso a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, a los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y diferentes organismos internacionales. Por su parte Montenegro afirmó que con esta ley, Ortega cumplió con su objetivo de dejar impunes los delitos cometidos durante la crisis, que dejó al menos 325 personas asesinadas.
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Ante las oficinas de los abogados independientes denominados Defensores del Pueblo, se presentó doña Juanita Blanco a denunciar la desaparición de su esposo y pastor evangélico Guillermo Herrera de 52 años, quien salió de Costa Rica hacia Nicaragua el 22 de julio con el objetivo de visitar a su familia, pero al llegar a la frontera de Peñas Blancas su esposa no supo más de él. “Nos sorprende su desaparición, porque no sabemos si está vivo o está muerto, él tenía problemas de salud porque es hipertenso y yo quiero que a través de esta denuncia las autoridades puedan hacer uso de su oficio y ayudarnos”, dijo muy angustiada su esposa.
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Aunque el pastor nunca participó de las protestas antigubernamentales, ella teme que lo hayan vinculado con dicho evento. En su desesperación por encontrarlo, visitó todas las instituciones públicas, incluyendo Medicina Legal, El Chipote, la delegación policial de Rivas y hospitales. El religioso es originario de Estelí pero vivió 15 años en Jinotepe, donde pastoreó durante ese tiempo, luego decidió irse a Costa Rica, donde también es residente.
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La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), presentó un informe semestral donde detalla que en los primeros seis meses de este año el organismo recibió un total de 1,747 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, perpetrados principalmente por la Policía orteguista, a raíz de la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018. De acuerdo a la CPDH las denuncias son particularmente por detenciones ilegales, acoso, asedio, amenazas de muerte y persecución, siendo Managua y Jinotega los que presentan más denuncias en este primer semestre.
Por su parte el director ejecutivo de la CPDH afirmó que Nicaragua atraviesa una “represión selectiva”, que consiste en identificar a las personas que participaron de las manifestaciones, además aseguró que Nicaragua está bajo un estado policíaco. “Hay una etapa de persecución directa hacia la persona que está defendiendo los derechos humanos, protestando, y estas acciones hacen que el Estado no esté defendiendo los derechos elementales”, afirmó Carmona. El organismo defensor de derechos humanos reportó en el 2018 un total de 1,200 denuncias, lo que indica que este año hubo un incremento del 35 por ciento.
Sigue la represión impune de los asesinos y criminales y nosotros esperando a ver cuándo nos toca. Hay que exigir la implementación de las sanciones a los asesinos y criminales Genocidas.