Jonathan Flores Mendez y Deyvin Rodríguez, habitantes del municipio Santa María de Pantasma, ubicado en el departamento de Jinotega, al norte de Nicaragua; denunciaron ante las autoridades del lugar que desde que están laborando en el proyecto de construcción y remodelación del parque municipal han sido acosados por militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Recientemente, se dio un enfrentamiento verbal entre trabajadores de la Alcaldía y un fanático orteguista, quien en reiteradas ocasiones les dijo que los ejecutaría con un balazo en la frente.
Mendez explicó que mientras estaba pintando de azul y blanco el parque, Pablo Ariel González identificado como abogado, se acercó a cuestionarles su trabajo, momentos después intentó sacar un arma de su camisa; sin embargo sus compañeros de trabajo intermediaron para evitar una tragedia. Al lugar se hicieron presentes oficiales de la Policía y afirmaron investigarían el caso, del cual todavía no tienen respuesta.
“Sí a mí me mandan a pintar tal cosa yo voy porque es mi trabajo” le expresó Mendez al abogado que intentaba intimidarlo. Asimismo, Rodríguez se acercó en el momento para apoyar a Mendez, pero también fue agredido verbalmente. Los jóvenes temen por su vida ya que desde entonces sufren acoso en las redes sociales.
Maria Reyna Mendez Maldonado, madre de Jonathan Flores, denunció el altercado ante las autoridades municipales dejando claro que su hijo está pintando el parque porque es su trabajo y no se mete en temas políticos.
De igual manera, Sandra Rodríguez Zeledón, madre de Deyvin Rodríguez, teme por la vida de su hijo y pide a las autoridades tomar cartas en el asunto para evitar una tragedia ya que nunca se han involucrado en temas políticos.
Asesinatos a la vuelta de la esquina
En diferentes ocasiones, los ciudadanos del departamento de Jinotega denunciaron a la Policía el asedio, intimidación y el asesinato de ciudadanos que han participado en concentraciones azul y blanco, pero hasta la fecha no existen registros de personas detenidas.
Isidro Irías, alcalde del municipio de El Cuá, Jinotega, dijo que la Policía se encargó de desarmar a los productores, que en su mayoría son opositores al régimen orteguista, a pesar que todos tenían sus papeles en regla.
“La delincuencia se ha disparado (…) Todo mundo tenía sus armas en regla, pero están secuestradas porque no se las han devuelto”, expresó Irías, quien se encuentra preocupado por la situación del municipio, ya que los ciudadanos manifiestan temor porque se sienten desprotegidos ante la ausencia de organismos de derechos humanos y la protección del Estado a los grupos de paramilitares.
Irías resaltó que desde abril de 2018, los asesinatos, secuestros, asaltos y agresiones en la municipalidad “están a la orden del día” y la Policía no da respuesta.
Por su parte, la exguerrillera y miembro del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Dora María Téllez, calificó como “una matanza” la situación del norte del país porque en la semana se reportan de uno a dos asesinatos.
“Están siendo ejecutados de manera organizada. Estás son verdaderas matanzas porque el nivel de impunidad que están operando en bien alto y solo operan en la impunidad los paramilitares del régimen Ortega-Murillo”.
CPDH sin denuncias
Por otra parte, Pablo Cuevas, abogado defensor de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), explicó que hasta la fecha no han recibido denuncias de las comunidades del norte, pero se han enterado de los casos por medio las redes sociales.
“Uno de los factores es la distancia y otro es el temor de denunciar y sufrir represalias de estas personas armadas”.
Destacó que antes de la crisis siguieron el caso de “la mochila bomba” en el municipio de Santa María de Pantasma, que cobró la vida de tres personas en 2015 y el asesinato de dos niños y una mujer en la Cruz de Río Grande en 2017.
