Este sábado el régimen convocó al repliegue a Masaya, pero con varios cambios, según una serie de orientaciones que se filtraron a través de grupos de WhatsApp de las estructuras políticas del orteguismo. Este año, el evento partidario se realizará por la mañana y no habrá acto en Managua. Tampoco caminarán. Los simpatizantes de Daniel Ortega tendrán que seguirlo en una caravana de vehículos y buses. En Masaya, se reunirán por primera vez en el campo de fútbol San José, ubicado en la carretera entre la Rotonda Las Flores y Catarina, frente a las plantas de Mebasa.
Ortega por segundo año consecutivo no entrará a Monimbó. “A los 13 territorios nos corresponde poner gente sobre la carretera a Masaya desde la Rotonda Metrocentro hasta los semáforos del casino Pharaohs”, cita una de las orientaciones. La actividad iniciará a las 10 de la mañana, pero “todos debemos estar a las 9 am en el tramo que nos toca estar asignados”, dice la convocatoria. Después de las 10 pasará el dictador Ortega, y a medida que él avance, los simpatizantes deberán subirse “rápido y veloz” y unirse a la caravana.
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Mario de Jesús Salinas Lanzas, de 40 años, originario de Masaya, fue secuestrado la tarde de este viernes, cinco de julio, por la policía orteguista, los que, sin ninguna orden judicial allanaron su vivienda, en el barrio Héroes y Mártires de Monimbó, tercera etapa, cerca del cuadro deportivo, San José, lugar donde el régimen Ortega y Murillo realizará este sábado el acto de clausura del “repliegue táctico” a esa ciudad. La detención ilegal se dio, luego que Mario Salinas, quien labora como asistente jurídico, regresara a las dos de la tarde del Hospital Humberto Alvarado Vázquez, de la ciudad de las flores, junto a su esposa y su pequeño hijo, quien estuvo hospitalizado desde el martes dos de julio, por presentar cuadros de dengue clásico. La supuesta razón de su detención es por posesión ilegal de armas aunque su familia denunció que la guardia del régimen mantenía un asedio constante por expresar su descontento con la tiranía.
El exreo político de la dictadura y militar en retiro del Ejército de Nicaragua Tomás Pérez Maldonado está siendo víctima de asedio y amenazas de muerte por parte de Juan Sánchez, trabajador del Poder Judicial de Jinotepe, en el departamento de Carazo. Julia Malbina Bermúdez, esposa de Maldonado, denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que las amenazas en contra de su marido son a diario, tanto por el sujeto Sánchez, como por hombres identificados como paramilitares. “Nuestra casa queda contiguo al Poder Judicial y ahí trabaja una persona que ya la identificamos con una foto en donde él sale asediando y amenazando de muerte a mi esposo. Ya son varias amenazas, él pasa ahí vigilando y cuando mi esposo sale lo amenaza, incluso se toca la pistola y le dice “venite pues”, provocando que mi esposo salga y tome alguna reacción”, expresó la pareja del excarcelado del régimen.
La Policía orteguista continúa realizando detenciones ilegales a ciudadanos que están en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta vez, la guardia al servicio de la dictadura secuestró al líder campesino Pedro José Romero Cabrera, de 55 años; originario de Nueva Guinea. Abigail Romero, hija del ciudadano detenido, denunció el secuestro y afirmó que los oficiales lo detuvieron cuando Romero regresaba de una reunión del Movimiento Campesino realizada en Managua y que además a su padre lo golpearon.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la falta de cumplimiento por parte de la dictadura de Daniel Ortega de cuatro compromisos suscritos en la mesa de negociación, el pasado 29 de marzo. “Todavía falta por liberar un total de 104 presos políticos de las cárceles y centros de detención gubernamentales en el país”, fue la queja de la oposición en su misiva dirigida específicamente a la presidenta del Consejo Permanente de la OEA y representante de Grenada en el organismo. La Alianza también señaló que de los exprisioneros que fueron sacados de las cárceles por excarcelación o mediante la Ley de Amnistía, todavía no han sido liberados “mediante sentencias de sobreseimientos definitivos que aseguren que sus casos y expedientes han sido efectivamente cerrados”.
