Gabriel Ramírez Somarriba, de 39 años, originario de Masaya, fue presentado la mañana de este martes 25 de junio, en audiencia inicial, acusado de tenencia y fabricación de bombas de contacto. La audiencia se efectuó en la sala cinco de los juzgados de distrito penal de juicio de la ciudad de las flores.
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Según la fiscalía orteguista, existen pruebas suficientes, donde supuestos testigos señalan a Ramírez de ser el responsable de las detonaciones de bombas de contacto en casas de simpatizantes orteguista y en varios puntos de la ciudad de Masaya.
Los testigos son policías
La juez Claudia Munguía acepto las pruebas emitidas por el Fiscal orteguista, Ismael Mayorga, donde presenta como testigos a tres supuestas víctimas que corresponden a los nombres de Marcia Prado Meléndez, Leila Ariana Cuadra y Darwin Morales Fernández.
Además, la juez aceptó como testigos de la fiscalía, a los oficiales, Holman Montenegro, (sub oficial Mayor) quien incorporará y presentará las pruebas policiales, presuntamente recogidas al momento de la captura de Ramírez; al teniente, Oscar David Zapata Moreno, quien incorporará solicitud de vídeo de cámara de seguridad, y a Jorge Sequeira, perito químico forense, quien incorporará informe pericial químico. Igualmente, comparecerá la ingeniera en informática forense Erika del Carmen Benavidez Narváez, y la inspectora María del Rosario Urbina Briones, perito de área, quien incorporará informe técnico pericial. Además citarán a la psicóloga forense María Teresa Mayorga Pavón, encargada de ver los daños psicológicos a las supuestas víctimas.
Defensa: “Esto es parte de un triángulo perverso para incriminar a los ciudadanos”
Po su parte, la defensa de Ramírez, a cargo de la abogada Verónica Nieto, miembro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), solicitó declararse nulo el acto investigativo de la policía, por haberse negado los derechos de su defendido, además calificó como “triangulo perverso”, tanto a las autoridades policiales, a la fiscalía y al juez, los cuales se han encargado de criminalizar las protestas cívicas de los ciudadanos.
“Solicitamos que se declare nulo el acto de investigación, efectuado por la policial nacional, debido a la violación de los derechos humanos, porque en el acta dice que a mi defendido se le dieron sus derechos, pero es falso, porque no se le ha permitido comunicarse con sus familiares ni con ningún abogado. Bajo estos argumentos, señora juez, existe una nulidad de los actos de investigación de la policía Nacional y que no pueden ser visto nunca dentro del proceso (…)”.
“Aquí hay un abuso, tanto de la policía nacional y en binomio con el fiscal, ósea, se ha hecho un triángulo perverso en contra de los acusados para criminalizar la protesta”, reclamó Nieto.
Gabriel Ramírez: “El que no la debe no la teme”
Ante los señalamientos por parte del régimen en contra del Gabriel Ramírez, este se mostró sereno. “A mí me asustó la acusación, porque primero dijeron que había asaltado a una mujer, segundo que había robado a una empresa. Yo me entrego porque no tengo nada que ver, porque el que no la debe no la teme”.
También, Ramírez, negó los señalamientos por el régimen, aduciendo no haber estado en el lugar de los supuestos hechos. “En la acusación dicen que me vieron frente a la casa de la señora (que lo acusa de haber tirado una bomba de contacto), cuando ni siquiera pasé por esa calle, lo otro que dicen, es que les hicieron pruebas a mis zapatos, pero esos zapatos con los que dicen que yo andaba, desde noviembre (del año pasado) no me los pongo (…), ¿Cómo pudieron haber encontrado pólvora en unos zapatos que ni siquiera he usado desde noviembre? ¿Por qué me acusan de cosas que no son?”
La jueza que lleva el caso mantuvo la prisión preventiva y programó juicio oral para el 15 de agosto, en el juzgado de distrito penal de juicio de la ciudad de Masaya.
Por su parte, Verónica Nieto, dijo a Artículo 66, que solicitará a la opositora Alianza Cívica que incluya a Gabriel Ramírez en la lista de presos políticos. “Aquí hay una clara violación a los derechos humanos, esto es un proceso viciado, por eso, solicitaremos a la Alianza Cívica a que se incluya a mi defendido a la lista de presos políticos, porque está dentro de este contexto social”, concluyó la abogada.