La ley del Canal Interoceánico cumplió seis años de su aprobación y el proyecto jamás arrancó. La dictadura de Daniel Ortega impuso la legislación y le entregó la concesión a un oscuro personaje chino de nombre Wang Jing, pero después de una intensa jornada propagandista que prometía generar 200 mil empleos y convertir a Nicaragua en una potencia comercial, la supuesta mega obra, que costaría 50 mil millones de dólares, resultó una farsa y quedó enterrada.
La Ley 840, o Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a el Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas, fue aprobada el 13 de junio de 2013. Según el texto, aprobado por 61 diputados obedientes a Daniel Ortega, el chino Wang Jing podría expropiar las tierras ubicadas hasta diez kilómetros de distancia a cada lado de la ruta canalera, que según la promesa orteguista tendría una extensión de 187 kilómetros y partiría en dos el territorio nacional.
La cláusula 15 del acuerdo marco de la legislación establece, que el concesionario tenía 72 meses (seis años) para hacer efectivo el proyecto, de lo contrario, el gobierno tendría el derecho de terminar la concesión. Los seis años se vencieron y hasta ahora, el régimen, el chino Wang Jing y la Comisión Especial nombrada para darle seguimiento a la obra, guardan silencio.
Desde su aprobación, los campesinos e indígenas que estaban bajo amenaza de arrebatarles sus tierras iniciaron una encarnizada lucha para defender las propiedades, el medioambiente y la soberanía nacional. En el camino hubo más de 100 movilizaciones gigantescas en distintos territorios. La dictadura de Ortega reprimió con furia, pero la resistencia cada día se hizo más fuerte.
Los principales líderes campesinos se sumaron a la rebelión cívica iniciada por los universitarios en abril de 2018, y la dictadura de Ortega atacó con saña. El régimen encarceló durante 11 meses a los principales líderes, entre ellos a su coordinador, Medardo Mairena y, mediante amenazas de muerte y persecución, obligó al exilio a la lideresa Francisca Ramírez.
Pero una vez vencido el plazo sin ningún proyecto del canal iniciado, esos campesinos y movimientos sociales exigieron a Ortega que derogue la Ley.
“Se cumplió el plazo”
Mónica López Baltodano, abogada ambientalista y exasesora legal del movimiento campesino, desde su exilio forzado en Costa Rica, destacó que en el acuerdo marco de concesión o contrato, se establece en la cláusula 15 que “si el inversionista no logra completar el financiamiento para el proyecto el Estado de Nicaragua puede dar por terminado la concesión, y ya se cumplió el plazo”.
Explicó que al llegar a la fecha señalada, el Estado ya no tiene la obligación de indemnizar al empresario chino. “Jurídicamente al cumplirse ese plazo y al estar demostrado el fracaso del proyecto, porque la riqueza personal de Wan Jing menguó enormemente por la caída en la bolsa de valores, lo que corresponde legalmente es reconocer y derogar la Ley 840, la cual solo beneficiaba al empresario”.
Baltodano expresó que si hubiera democracia en el país, el Gobierno ya estuviera procediendo a aplicar la claúsula 15, para que desde el 14 de junio de este año la Ley sea derogada.
Por su parte, el presidente de la Fundación del Río y miembro del grupo Cocibolca, Amaru Ruíz afirmó que están posicionados para exigir la aplicación de la cláusula y que se haga todo el procedimiento legal para derogar la ley, que todavía está vigente.
Caso en la comunidad internacional
Asimismo, Baltodano aseveró que el caso de la Ley 840 fue presentado dos veces en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que están por ser remitidos a la Corte Internacional de Justicia. “Hay dos casos abiertos en la Comisión Interamericana. El primero fue presentado por pueblos indígenas y afrodescendientes porque no fueron debidamente consultados hace seis años y el segundo es un caso que presentamos el Cenidh, Popol Nah y el movimiento campesino por las violaciones que sufrieron”.
Detalló que en 2016 presentaron una iniciativa ciudadana de ley firmada por más de 8 mil personas que demandaban la derogación de la ley canalera, la cual fue rechazada por la Asamblea Nacional con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Amenaza en el territorio nacional
El ambientalista Danilo Saravia explicó que la ley canalera afectaría las tierras de los campesinos y las áreas protegidas del país; además de los recursos naturales existentes en Nicaragua.
Destacó que el vencimiento del período es una reinvindicación de la sociedad nicaragüense que se encuentra en esa franja, la cual dividiría a Nicaragua en dos.
“Se iba a perder la riqueza biológica del gran lago por los derrames y los gases de los barcos. Esto iba a terminar con gran parte de la flora y fauna que tiene ese lago. Ahora lo que queda es exigir la derogación de esa ley por la seguridad alimentaria de todos los nicaragüenses”.
La líder del movimiento campesino Francisca Ramírez denunció que, aunque e canal interoceánico nunca inició, el municipio de Nueva Güinea ya sufre los embates de una obra ficticia. Según la líder campsina, esta es una de las zonas más afectadas por este proyecto porque el comercio ha mermado y miles de campesinos han tenido que exiliarse por el hostigamiento y persecución de la dictadura.
“En el exilio estamos miles de campesinos que han tenido que dejar sus tierras para salvaguardar la vida; es triste porque hoy la zona de Nueva Güinea era una de las zonas más productivas donde salían entre 200 o 300 camiones semanales cargados de todas las producciones que se llevaban a los mercados nacionales e internacionales, y hoy los comerciantes tienen un gran desafío porque se han bajado las ventas y la producción”.
Manifestó que de no encontrar una salida democrática a la situación del país esto puede provocar una crisis alimenticia porque los campesinos han dejado de producir la tierra.
