Diferentes sectores empresariales y organizaciones no gubernamentales de Nicaragua han expresado su total apoyo a la decisión de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) de retirarse de la mesa de negociación hasta que se liberen a todos los presos políticos y se unen a la propuesta de paro nacional. Hasta el momento, han confirmado su participación de las actividades cívicas la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, (UPANIC), la la Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN), Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), la Asociación de Microfinanzas (Asomif), el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) y la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (EXCAN).
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó a través de un comunicado de prensa “la permanente campaña de descalificación y estigmatización contra los actores que denuncian las violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo en Nicaragua, que incluye organizaciones de la sociedad civil, los integrantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que participan en la mesa de negociación y la propia CIDH”. Según este organismo, el propósito del régimen es “desacreditar a las organizaciones de la sociedad civil y a quienes han asumido un rol fundamental para alcanzar una solución a esta crisis, como en su momento ocurrió contra la Iglesia, mientras que a su vez se promueve un aparente clima de normalidad en el país”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos acogió la petición de la CIDH de adoptar medidas provisionales para 17 presos políticos. Entre los reos se encuentran los líderes de Masaya, Christhian Fajardo y Yubrank Suazo, al igual que los líderes del movimiento campesino Medardo Mairena y Lener Fonseca. Además, están los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau. Con estas medidas se busca “evitar daños irreparables a la salud, vida e integridad” por considerar que estos ciudadanos se encuentran en “situación de extrema gravedad” debido a las violaciones a sus derechos humanos de los que son víctimas dentro de la prisión.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras discutir nuevamente la situación que atraviesa Nicaragua debido a la crisis sociopolítica desde abril de 2018 emitió una resolución para liberar de forma “incondicional” a todos los presos políticos que están secuestrados en los sistemas penitenciarios de Nicaragua antes del 18 de junio, tal cual se firmó en la mesa de negociación. Además, condenaron “la muerte” del reo de conciencia Eddy Montes, asesinado el jueves 16 de mayo, en “La Modelo”. Asimismo, hicieron un llamado al régimen a que permita y garantice el trabajo de la CIDH y del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua al igual que el respeto a los derechos fundamentales como la libertad de expresión, derecho a la manifestación pacífica y libertad de prensa.
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El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) presentó su más reciente informe en el que detalla las violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los nicaragüenses. El estudio se enfoca en los sucesos registrados desde octubre de 2018 hasta abril de este año donde resaltan que la represión ha aumentado bajo nuevas modalidades, entre ellas: la criminalización de la protesta, la violencia institucional desmedida, encarcelamiento de toda voz disidente y secuestros selectivos. En el informe también remarcan que la política de Estado ha provocado el asesinato de 323 nicaragüenses y más de 80 mil exiliados.
