El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, sigue muy de cerca la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018. En esta ocasión brindó una entrevista al medio internacional El País América, en donde aseguró que “Nicaragua es un Estado policíaco” y que Ortega se sostiene gracias a este órgano represor.
“Estos procedimientos son arbitrarios, se generaron como una manera de intimidar y desmovilizar el derecho legítimo a las protestas y retomar el control territorial del país a punta de la fuerza, como un patrón de gobernabilidad. Me asusta mucho la dependencia del Gobierno de la acción de la Policía Nacional. Nicaragua es un Estado policíaco y el Gobierno depende mucho de su policía política para sostenerse”, afirmó Abrão al diario El País.
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El funcionario de la CIDH insistió en que la liberación de los presos políticos es prioridad para que el país recupere su libertad y democracia. “Son muchos los retos estructurales que el país tiene que enfrentar y el primer paso es liberar a los detenidos, el segundo es habilitar las condiciones con garantías de protección para el regreso de los exiliados, para en seguida reparar a cada una de las víctimas, generar una Fiscalía Especial independiente para proceder con las investigaciones de lo ocurrido de manera seria.
La CIDH logró visitar el país después de una intensa presión popular sobre la tiranía orteguista. Mediante esa presión, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la CIDH lograron que el régimen dictatorial permitiera la conformación e ingreso a Nicaragua del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En ese período, ambos grupos concluyeron en un informe, que Ortega cometió crímenes de lesa humanidad, posteriormente fueron expulsados del país el 19 de diciembre de 2018.
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“Las consecuencias son históricas, porque toda una generación cargará con un resentimiento del pasado. Eso impide que el país pueda pensar en el futuro, en la construcción de la identidad nacional, de un proyecto nacional que mejore la vida de la gente. Pero también hay consecuencias jurídicas, porque en algún momento los organismos internacionales de protección a los derechos humanos van a actuar. Todas estas denuncias sin respuesta nacional algún día serán procesadas, ya sea en la Corte Interamericana, por medio de la Comisión que presenta los casos, o en tribunales internacionales”, concluyó el representante del organismo internacional.
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— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) 20 de mayo de 2019
