La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) detalló en su informe correspondiente al mes de abril, que las negociaciones entre el gobierno y la Alianza Cívica en ese período no avanzaron “ni un milímetro”, en los temas de agenda. El gobierno solicita el levantamiento de sanciones interpuestas por Estados Unidos, y la Alianza Cívica exige la liberación total de los presos políticos y se aborde en la mesa el adelanto de elecciones.
El Ministerio Público, subordinado a Daniel Ortega y Rosario Murillo, emitió un comunicado donde oficializa que la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y la activista Tamara Dávila pasaran hasta 90 días encarceladas señaladas de violar la Ley 1055, la controversial Ley de soberanía que se creó el régimen para castigar a opositores tildándolos de “traidores de la patria”.
“El 24 de abril, fuera del marco de las negociaciones, el Jefe del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA tuvo una reunión informativa en Managua con el Gobierno, la Alianza Cívica y los dos testigos internacionales, para proponer un plan de trabajo de asistencia técnica sobre reformas electorales y modernización del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua. El Gobierno declaró que las reformas electorales no implicarían la celebración de elecciones anticipadas”, citó la OACNUDH en su informe.
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Nuevos patrones de violaciones de derechos humanos
La OACNUDH también se mostró preocupada por el actuar de la Policía orteguista que continúa reprimiendo al pueblo que sale a las calles a protestar en contra del régimen de Daniel Ortega. “Entre el 17 y el 20 de abril, con motivo del primer aniversario del inicio de las protestas sociales y políticas, varias movilizaciones tuvieron lugar en las calles. En este contexto, se reportaron nuevos patrones de violaciones de derechos humanos, en diferentes ciudades la policía arrestó a manifestantes , algunos de los cuales fueron presuntamente golpeados y amenazados, al cabo de unas horas, se los puso en libertad, sin haberlos trasladado a un centro de detención”.
El informe revela además, las actividades previstas por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), con motivo del primer aniversario de las protestas antigubernamentales, en donde solicitaban el debido permiso para realizar manifestaciones pacíficas los días 6 y 17 de abril, que fueron rotundamente denegados.
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“A este respecto, cabe recordar que, desde septiembre de 2018, cuando la Policía emitió el primer comunicado de prensa en el que anunciaba que las movilizaciones estarían sujetas a autorización, todas las solicitudes formuladas por organizaciones de la sociedad civil críticas al Gobierno, incluidas las organizaciones de derechos humanos”, expresa el documento.
El informe también se refiere a la campaña de propaganda del régimen, que en los últimos mses ha publicado una serie de videos en los que señala a los miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) de manipular a sobrevivientes de la familia calcinada en el barrio Carlos Marx. “Son prácticas que refuerzan el patrón de denigración, estigmatización y amenazas contra los defensores de derechos humanos y los líderes sociales”, concluyó el Alto Comisionado de Naciones Unidas.
Las llamada negociación,nació muerta sin la participación física en la mesa de lo q controlan el poder en nicaragua y si la “condiciones” previas a ella de gran necesidad. Solo ha sido una cortina de humo y tratar de confundir a la comunidad internacional.
No pasó de reuniones y comunicados. Cero credibilidad para Ortega y su consorte.