Tras la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde abril de 2018, las repercusiones en la economía se han agravado. La represión estatal hacia los ciudadanos que decidieron protestar contra unas fallidas reformas a la seguridad social ha paralizado las actividades del país, en especial, el comercio, turismo y servicio. Con ello, la pobreza también ha incrementado.
Según el informe “Nicaragua en crisis política y socioeconómica: Informe de coyuntura 2018” de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), el deterioro de la nación hizo que el año pasado “210 mil ciudadanos pasaran de ser no pobres a encontrarse en situación de pobreza” y la proyección en este 2019 apunta a “un incremento de 3.1 por ciento”.
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Si persiste esta situación, de acuerdo con el Funides, llevaría a que “más de 2 millones de personas no podrían satisfacer sus necesidades mínimas de consumo, de los cuales 600 mil no serían capaces de costear su alimentación diario. Todo esto nos lleva a la conclusión que el número de personas en situación de pobreza y pobreza extrema aumentará”.
El estudio recalca que como consecuencia de la inestabilidad “cientos de negocios se vieron obligados de cerrar temporal o indefinidamente; resultando 453 mil personas desempleadas o suspendidas de sus puestos de trabajo. De acuerdo con datos del documento de continuar la crisis, de cada 10 nicaragüenses, 3 estarían en riesgo de pobreza, 2 se podrían ver vulnerables y 1 caería en pobreza extrema”.
La acciones del Estado contra los manifestantes han dejado entre 325 y 565 ciudadanos asesinados en el marco de las protestas cívicas, más de 4 000 heridos y arriba de 60 000 exiliados, según organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
