El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), por medio de un estudio de campo, conoció de nueve alcaldías del país que fueron objeto de “un patrón de saqueos y actos de corrupción por parte de los gobiernos locales salientes”.
Según Luis Eduardo Robleto, director de OPTA, las alcaldías de Camoapa, El Almendro, Santo Domingo, San Pedro de Lóvago, El Ayote, El Cuá, San Sebastián de Yalí, La Trinidad y Wiwilí, que antes eran administradas por el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fueron entregadas con “deudas elevadas” y previo a la culminación del mandato, algunas de sus propiedades fueron traspasadas a otros dueños.
Igualmente, el organismo identificó una serie de acciones que denotaron una voluntad de saqueo y destrucción, así como la firma de nuevos convenios colectivos dirigidos a hundir económicamente a las comunas.
Robleto explicó que estas nueve alcaldías que fueron entregadas en enero de 2018, tuvieron que “comenzar su gestión de cero” porque en muchos casos no hubo actas o memorias de traspaso, tal es el caso del municipio de Camoapa, ubicado en el departamento de Boaco, en el que la exalcaldesa Teresa Rodríguez “se negó a integrar la Comisión Técnica de Traspaso de Mando” a como lo exige la ley, y solo entregó una “Memoria de Traspaso en un apresurado acto efectuado el día 23 de enero de 2018”.
Deudas millonarias
Dicho estudio resalta que la mayoría de estas alcaldías que estaban bajo la administración del FSLN dejaron deudas millonarias que fueron deducidas del monto correspondiente a transferencias municipales, que anualmente tiene que hacer el Gobierno central a cada comuna.
“Se recibió la alcaldía (El Almendro, Río San Juan) con un ‘Convenio Colectivo’ (…) que manda el pago de hasta 20 salarios en concepto de indemnización en caso de renuncia o despido. Esto cuadruplica lo establecido en la ley laboral nicaragüense”, explica el estudio elaborado por la OPTA.
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Asimismo, los represetantes del Observatorio señalaron que en las nueve alcaldías se ralizaron trapasos ilegales de propiedades de la municipalidad a terceros, entre los que destacan los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), parques de ferias, plazas de toros y empresas aguadoras de los municipios.
Los especialistas documentaron que los problemas de saqueos no fueron un “fenómeno casual”, sino que respondieron a un patrón de comportamiento dirigido por el gobierno central. Además etiquetaron esta conducta como “mini piñata municipal”.
