Un grupo de activistas, universitarios y defensores de derechos humanos y ambientales presentaron recomendaciones y análisis del deterioro del estado de derecho en Nicaragua, violentado por el régimen de Daniel Ortega, una sesión previa de las evaluaciones del Examen Periódico Universal (EPU) que se realiza en Ginebra.
Amaru Ruíz, presidente de la Fundación del Río, organización a la que la dictadura le canceló su personería jurídica en diciembre de 2018, inició su intervención narrando los detalles del inicio de las protestas en el país con el incendio de Indio-Maíz y la violenta repuesta de la familia Ortega-Murillo.
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Resaltó que parte de la represión del régimen fue la cancelación de nueve personerías jurídicas de organizaciones que cuestionaban y denunciaban las acciones del régimen contra los ciudadanos que se manifestaban pacíficamente.
Entre las recomendaciones que realizaron piden a Daniel Ortega resolver favorablemente los recursos de amparo y por inconstitucionalidad, introducidos por las nueve ONG que “fueron arbitrariamente despojadas de su personería jurídica, y de esta manera sus bienes y el derecho de libertad de asociación”. 
Finalmente, Ruiz pidió eliminar las restricciones injustificadas sobre la libertad de asociación y suspender las presiones y las restricciones a los cooperantes internacionales, para que las ONG restituyan su derecho al acceso de los recursos financieros.
