La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su reunión de medio año en Cartagena, Colombia, aprobó por aclamación una resolución sobre Nicaragua, que exige al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación inmediata de los periodistas Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubau y de los más de 600 presos políticos que fueron encarcelados por ejercer su derecho a protestar cívicamente.
Además, la SIP solicitó al “Gobierno de Nicaragua” cumplir con la Constitución, respetando en especial, el artículo 30 que reconoce el derecho de las y los nicaragüenses a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, de forma oral, escrita o por cualquier otro medio.
Asimismo, la SIP demandó el cumplimiento del artículo 66 que otorga a la ciudadanía nicaragüense el derecho a la información veraz, el cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, de manera oral, escrita o por cualquier otro procedimiento. También solicitó garantizar el artículo 54 que reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, como parte de la libre expresión ciudadana y del artículo 67 que precisa el derecho a informar como una responsabilidad social, que no puede estar sujeto a censura.
Los medios de comunicación públicos, corporativos y privados no podrán ser objeto de censura previa. En ningún caso podrán decomisarse, como instrumento o cuerpo del delito, la imprenta o sus accesorios, ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento (Artículo 68, Constitución Política de Nicaragua).
La Asamblea de la SIP instó a los gobiernos de América y a países de otros continentes, representados ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que tomen en cuenta el grave deterioro de la libertad de expresión y de prensa cuando sea analizada la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en mayo próximo durante el Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua.
De igual manera, la SIP solicitó a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que negocia con el gobierno la apertura de un proceso de democratización de Nicaragua, teniendo como testigos a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Vaticano, exigir al Estado de Nicaragua que garantice y respete el derecho pleno a la libertad de expresión y de prensa como base fundamental del desarrollo de una democracia verdadera.
En sus conclusiones, la reunión de medio año de la SIP, planteó que la estrategia en Nicaragua y Venezuela es similar en cuanto a la situación de la libertad de prensa. “Se denunció el robo y vandalismo a las instalaciones de medios, decomiso y destrucción del equipo de trabajo de los periodistas, restricción de insumos de producción y detenciones arbitrarias. La situación de la prensa en ambos países constituye una crisis en la región. Los miembros de la SIP apelaron a periodistas, autoridades locales y multilaterales a continuar denunciando la magnitud de los atropellos, y en especial por la liberación de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda de 100% Noticias de Nicaragua”, manifestó la SIP.
Además, el panel de Nicaragua exigió que no quede en impunidad el asesinato del periodista Ángel Gahona, a quien lo mataron de un disparo en la cabeza, el 21 de abril de 2018 en Bluefields, mientras realizaba una transmisión en Facebook Live sobre la protesta social y la represión policial.
