1. Desde el 20 de marzo, cuando el régimen orteguista prometió que en un plazo de 90 días liberaría a los cerca de 700 presos políticos, han transcurrido seis días y todavía no se ha visto ningún indicio por parte de la dictadura de cumplir con el acuerdo. Los ciudadanos que fueron encarcelados por protestar siguen en las celdas de La Modelo y La Esperanza y en lugar de avanzar, la guardia se ha encargado de realizar nuevos secuestros que engrosan aún más la lista de rehenes.
2. La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia anunció su reintegro a la mesa de negociación entre el régimen y la opositora Alianza Cívica. Los estudiantes habían abandonado el amago de diálogo porque la dictadura no había acordado la liberación de todos los presos políticos. Ese sector también exige se respete la autonomía universitaria y participar en los procesos de incidencia, que permitan alcanzar la justicia, libertad y democracia, principales demandas de los nicaragüenses para acabar con la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde el 18 de abril del año pasado.
3. La Policía orteguista secuestró nuevamente al reo político Eyner José López Espinoza, de 25 años. El hecho se registró en Managua la madrugada de este 26 de marzo. El joven fue trasladado a la estación policial del Distrito II de la capital. El argumento de la guardia, según los denunciantes, fue que en la casa donde se encontraba Eyner habían armas, aunque lo único que encontraron fueron pistolas de juguete y ahora lo señalan de posesión ilegal de armas. A ese preso político, se le había cambiado el régimen carcelario desde el 27 de febrero, precisamente un día antes de que iniciara el nuevo intento de diálogo nacional.
4. En los Juzgados de Masaya se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de otro excarcelado político a quien el régimen ahora acusa de homicidio en grado de tentativa. Bryan Steven Alemán Olivas, de 19 años, es señalado de intentar matar a Julio César Amador García, a quien vecinos y familiares de Bryan lo identifican como paramilitar.
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5. A la mesa de negociación, se unieron dos asesores más de la Organización de Estados Americanos. Los dos nuevos integrantes acompañarán al delegado especial de ese organismo, Luis Ángel Rosadilla, en el proceso de reformas electorales y en la búsqueda de una salida a la difícil situación que vive Nicaragua desde hace casi un año.
6. Tanto los defensores de derechos humanos como los movimientos políticos solicitan la presencia de delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que acompañen el proceso de liberación de los presos políticos. Consideran que esa entidad es un garante, mientras la Cruz Roja Internacional solo cumpliría con un mandato más ligado al compromiso humanitario. Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, afirmó que la CIDH tiene mayor documentación de los casos y las víctimas de la represión, y que por eso el “régimen no los quiere porque sus informes han desatado las sanciones en contra del Gobierno”.
7. La jefatura del Ejército de Nicaragua envió a retiro a 21 altos cargos de ese cuerpo castrense. El retiro lo hizo oficial en una nota de prensa del 21 de marzo. Para la investigadora Elvira Cuadra, este tipo de noticias genera suspicacia, en especial, por los rumores de que grupos de oficiales dentro del Ejército no están del todo contentos con el posicionamiento de la institución ante la crisis sociopolítica que vive el país.
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8. Y en el plano internacional, según El Nuevo Herald, el senador estadounidense Bob Menéndez hizo un llamado al Departamento de Estado a evaluar si Nicaragua, Venezuela y Cuba podrían ser sancionados por comprarle armas a Rusia. Ese representante del Gobierno de Donald Trump fue uno de los que promovió la denominada Ley Nica Act, que fue aprobada para presionar al régimen orteguista.
