El 20 de marzo, la opositora Alianza Cívica y la dictadura de Daniel Ortega acordaron volverse a sentar en la mesa de negociación, pero como condición previa, Ortega ofreció liberar a los más de 700 presos políticos que tiene como rehenes en sus calabozos. El acuerdo establece como máximo 90 días para que salga el último preso, sin embargo, ofrecieron que “lo más pronto posible” iniciarían a sacar a los primeros.
Con ese ofrecimiento, los negociadores, incluso, lograron atraer nuevamente a los integrantes de la Coalición Universitaria que se habían retirado de la Alianza Cívica “mientras no se liberara a la totalidad de los presos políticos”. Pero seis días después de reiniciadas las pláticas, Ortega le ha dado largas a la liberación. Hasta ahora no han soltado a ningún reo y más bien, la guardia orteguista se ha encargado de realizar una serie de secuestros que engrosan más la lista de rehenes.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, dijo que le preocupa que cambie el enfoque con el que se mira el tema de los presos políticos, «ya que en un primer instante la Alianza Cívica lo planteó como una precondición para la reanudación de las negociaciones, luego pasó a ser un primer punto de agenda, y ahora ya se está hablando de otros temas de agenda como la aceptación de garantes y todavía no se han puesto en libertad real a ninguno de los presos políticos».
Por su parte, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), manifestó en un comunicado que respaldan la petición del Comité Pro Liberación de los Presos Políticos, que exigen la liberación total de todos los reos políticos en un plazo máximo de 15 días.
Comunicado #24
LIBERTAD A NUESTRAS PRESAS Y PRESOS POLÍTICOS Y GARANTES INTERNACIONALES#UnidadNacional pic.twitter.com/snZFx8L6iw
— Unidad Nacional Azul y Blanco (@UnidadNic) March 26, 2019
«Exigimos que la libertad de todas las personas presas políticas no sea utilizada como moneda de cambio en el proceso de negociación», dice el comunicado de la UNAB.
Para la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que lleva la defensoría de unos 300 casos de los presos políticos que están siendo acusados por “terrorismo” y otros delitos graves en los tribunales orteguistas, hay casos que no necesitan tramites de ningún tipo, ya que muchos de estos presos políticos fueron secuestrados y actualmente no están llevando ningún proceso en su contra.
«Tenemos muchos ejemplos de personas que tienen semanas y hasta meses de estar detenidos en celdas policiales o en el sistema penitenciario y que no han sido acusados, ni llevados ante el juez, además todos estos procesos son nulos, y todas estas personas deberían de ser puestos en libertad lo antes posible», explicó el abogado y defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas.
La noche del 25 de marzo, José Pallaís, representante de la Alianza Cívica indicó que ya se estaba trabajando en un calendario para iniciar las liberaciones pero no dio una fecha para que se iniciaran las liberaciones.
